Monográfico de la Revista Panorama Social sobre inclusión de las personas con discapacidad en España
La inclusión social de todas las personas es hoy día un derecho de ciudadanía reconocido en las sociedades democráticas y avanzadas. En el caso de las personas con discapacidad, garantizar su inclusión en todos los ámbitos sociales, implantando programas y actuaciones que les permitan vivir autónomamente y que eliminen las barreras que restringen su participación, es, además, una cuestión de derechos humanos. Este es el punto de partida de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el fundamento normativo de un nuevo paradigma de regulación, intervención y lucha contra la desprotección de estas personas.
En España, los poderes públicos han respaldado tales principios, plasmándolos en normas y políticas públicas específicas. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reconoce expresamente que las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable que se ha mantenido habitualmente en condiciones de exclusión social. Por ello, las estrategias de intervención tienen como objetivo prioritario garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, a través de la promoción de la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo y la inclusión en la comunidad.
Para conocer mejor el fenómeno de la discapacidad en España y el estado de la inclusión de las personas afectadas, el número Número 26 de la revista Panorama Social coordinado por Rosa M. Rodríguez Rodríguez (UNED), recoge diversas aportaciones de sociólogos, economistas, juristas, trabajadores sociales e ingenieros, entre otros expertos. Desde una perspectiva multidisciplinar se analizan cuestiones tales como los avances normativos conseguidos, los logros y déficits de las políticas desarrolladas, las necesidades y los problemas específicos de la población con discapacidad, su inclusión educativa y laboral, la actividad del movimiento asociativo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la contribución de las nuevas tecnologías a la oferta de instrumentos para hacer realidad el derecho a la comunicación y el disfrute de la cultura y el ocio.
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