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Domingo, 30 de Marzo de 2014 16:11

IV Seminario Internacional de Discapacidad Militar

 La Asociación de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME), entidad miembro del CERMI, celebrará los próximos días 1 y 2 de abril en Granada el “IV Seminario Internacional sobre Discapacidad Militar”, centrado en el impacto y grado de implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el ámbito militar y el derecho de reparación.

El seminario será punto de encuentro de expertos en materia de discapacidad y del ámbito militar, que abordarán la problemática de los militares y guardias civiles con discapacidad y debatirán sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito militar.

La ponencia marco, “Grado de transversalidad de la CDPD en el derecho militar”, dará comienzo a este IV Seminario Internacional, organizado por ACIME en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC) y las Universidades de Granada, Jaén y Málaga.

Entre otros debates, Margarita Robles Cerrillo, Profesora Titular de Derecho Internacional Público del Centro Mixto UGR-MADOC, presentará la mesa: Hacia una aplicación de políticas eficaces mediante la recopilación de datos y estadísticas en la que también participará Agustín Huete, Director de InterSocial y José Luis de Pedro Moro, Patrono de la Fundación Tutelar de Extremadura, Cte. Asesoría Jurídica Guardia Civil.

Más información en: http://www.discapacidadmilitar.es/ 

Foto de de la reunión de responsables de políticas de empleo de personas con discapacidad en IberoamericaEste  24 y 25 de marzo se celebró en Cartagena de Indias (Colombia ), la I Reunión de directores generales responsables del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica

La Inauguración estuvo presidida por la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, la Directora del CFCE de Cartagena de Indias, Mercedes Flórez, y el Viceministro de Empleo y Pensiones, Ministerio de Trabajo de Colombia, Juan Carlos Cortés González.

Esta primera reunión de responsables que organizó la OISS en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de su programa PIFTE, en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, Colombia, tuvo por objetivo presentar las conclusiones del estudio elaborado por la OISS sobre medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica e intercambiar impresiones acerca del mismo, así como acordar un plan de trabajo conjunto para este año 2014.

Entre otras presentaciones que se realizaron en el marco de la reunón, el Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez, presentó el “Programa para la promoción del empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica”; el Director del Centro Regional de la OISS para el Cono Sur, Carlos Garavelli, presentó el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Por su parte, Antonio Jiménez Lara, presentó el estudio realizado sobre “Medidas para la promoción del empleo de las personas con discapacidad”. 

La reunión fue propicia para:

  • Extraer del estudio y de las aportaciones de los participantes en la reunión una serie de aprendizajes, de recomendaciones prácticas acerca de qué medidas tienen un mayor impacto en el empleo de las personas con discapacidad.
  • Consensuar con los participantes en la reunión un “Plan Iberoamericano para el Empleo de las Personas con Discapacidad” con las recomendaciones prácticas de actuación acordadas y una hoja de ruta de futuras actividades para llevarlo a cabo.
  • Analizar el interés de los países en preparar una propuesta de Programa Iberoamericano de Cooperación para el Empleo de Personas con Discapacidad, que pudiera ser presentada a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno para su aprobación.
  • Ofrecer un espacio de debate, intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento sobre el empleo de personas con discapacidad en la región entre responsables de esta materia, favoreciendo el aprendizaje entre iguales.
  • Consolidar la red de responsables de empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica con el objetivo de facilitar una comunicación constante y fluida y la coordinación de las actuaciones que se realicen en esta materia, por lo que se favorecería también la cooperación Sur-Sur.
  • Contribuir a los objetivos del “2013 Año Iberoamericano del Empleo de las Personas con Discapacidad” aprobado en la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en 2012.

Fuente: OISS

Logo del Día Mundial del Sínrome de Down de DOWN ESPAÑAEl próximo viernes 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Síndrome de Down.

DOWN ESPAÑA lo festeja con un macro evento en la Plaza Callao de Madrid donde se proyectará en la pantalla gigante de Callao para todo el mundo, por primera vez en España, el cortometraje  "El amor a los 20 años", una emotiva historia que nos sumerge en el mundo interior de Cristina, una joven con síndrome de Down y de Alberto, un joven sin discapacidad.

Día: 21 de marzo

Lugar: Plaza de Callao de Madrid

Hora: de 11:00 a 12:00 hrs.

Puedes consultar más detalles del evento en la página de DOWN ESPAÑA

Portada del libroLa información más reciente sobre discapacidad en España indica que los niveles de formación, actividad laboral y desempleo de las mujeres con discapacidad son sensiblemente inferiores a los de los varones (ambos a su vez, inferiores a los del resto de la población). Aunque las diferencias en algunos de estos ámbitos tienden a reducirse en comparación con los varones con discapacidad, mujeres y población sin discapacidad general, estas son aún considerables.
En nuestra sociedad persisten por tanto elementos discriminatorios hacia la mujer que afectan extraordinariamente a las mujeres y niñas con discapacidad. De hecho, la discapacidad en sí misma es un fenómeno estrechamente relacionado con la variable de género. La discriminación contra la mujer con discapacidad, además, no ha de ser observada solamente en contraposición con la situación de los varones, sino comparada también en referencia a las mujeres sin discapacidad.
Todas estas razones, agudizadas por la situación de crisis que vive España desde hace años, han aconsejado realizar un análisis pormenorizado sobre la realidad de la pobreza y exclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país, de manera específica que arroje resultados que permitan tomar las mejores decisiones políticas para combatir este estado de cosas.
Este informe pretende identificadr las causas de la mayor pobreza y exclusión social que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en España, respecto de los varones con discapacidad y también de la población sin discapacidad.
 

Logo Revista Síndrome de Down: Vida AdultaSe encuentra ya disponible la versión electrónica del número 16 (octubre 2013) de la revista: SÍNDROME DE DOWN: VIDA ADULTA

La revista Síndrome de Down: Vida Adulta es una revista cuatrimestral editada por la Fundación Iberoamericana Down21, que publica artículos originales, revisiones, noticias e información sobre los diversos temas que afectan a la calidad de vida de las personas adultas con síndrome de Down. Su alcance es multidisciplinario y subraya los aspectos prácticos que ayudan a alcanzar dicha calidad.

La revista está dirigida a las personas con síndrome de Down, a sus familiares y a los profesionales que les atienden en las áreas de la educación, la salud, el empleo, la vida social, el desarrollo personal, el ocio y tiempo libre, la ética, la religiosidad y la jurisprudencia.

 

 

La Escuela de Bienestar es una iniciativa de FUNDACIÓN MAPFRE, que ofrece información y formación para facilitar pautas de intervención útiles a quienes acompañan el desarrollo personal y social de personas con discapacidad. La finalidad de la Escuela es, en definitiva, promover el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
 
La Escuela se dirige a las familias porque son la institución que va a acompañar a la persona con discapacidad durante toda su trayectoria vital, teniendo en cuenta que van a vivir muchos años, es decir, van a envejecer. Esta conquista social fruto de los avances en la salud, en la educación, en el empleo, en el ocio compartido y sobre todo en la inclusión social conlleva a su vez, cambios significativos, no sólo en su desarrollo personal, sino también en las formas de vida familiar y en los recursos que aporta la sociedad. 
 
La Escuela de Bienestar es una oportunidad para reflexionar sobre estos cambios promoviendo actitudes positivas de adaptación a ellos para que las personas con discapacidad sigan siendo activas y no pasivas, agentes y no pacientes, protagonistas y no espectadoras de su vida. En definitiva, para que las capacidades adquiridas en los ámbitos de autonomía personal y de vida independiente social se mantengan durante toda su vida.
 
Sabemos que cambiar no es fácil porque todo cambio genera resistencias, pero también sabemos que las resistencias se superan con información y comunicación. Por eso la Escuela de Bienestar ofrecerá a las familias una plataforma de relación y comunicación en tres ámbitos de formación:
  • El relacionado con la salud integral, física y psíquica que incluye la atención personalizada, los hábitos de autocuidado, la vida sexual y el bienestar emocional.
  • El que afecta a la convivencia familiar y a las relaciones sociales con pautas de conducta y comportamiento adecuados, que se expresan en la comunicación interpersonal, en las relaciones grupales, y en los vínculos afectivos.
  • El que promueve la presencia social y el reconocimiento de ciudadanía con derechos y deberes, que se manifiestan en la educación inclusiva, la atención sanitaria, el acceso al empleo, el disfrute del ocio, la diversión y los bienes culturales.
Viernes, 17 de Enero de 2014 08:35

El Barómetro del CIS, una oportunidad

 
En general, el tratamiento de la población con discapacidad en el terreno de la información estadística, se podría resumir en invisibilidad y discriminación: la discapacidad aparece poco en las encuestas, se encuesta poco a personas con discapacidad, cuando no se las excluye directamente y sin rubor de los trabajos de campo.
 
Recientemente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado los resultados del Barómetro de diciembre de 2013, en el que entre otras muchas cuestiones, aborda el fenómeno de la discapacidad. De entrada, esta es una gran noticia, porque el CIS termina así con un largo periodo en el que no había realizado estudios sobre un grupo poblacional muy amplio, como es el de la discapacidad.
 
Los Barómetros de Opinión son encuestas que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza con una periodicidad mensual –excepto los meses de agosto– para medir el estado de la opinión pública española del momento. Para ello se entrevista en torno a 2.500 personas elegidas al azar dentro del territorio nacional, de las que además de sus opiniones, se recoge una amplia información social y demográfica.
 
El momento en el que el CIS ha incluido temas de discapacidad en uno de sus barómetros es especialmente oportuno, y supone un impulso más en la lucha contra la invisibilidad de las personas con discapacidad en la información estadística. Lamentablemente, no podemos decir que el Barómetro sea además, un paso en la lucha contra la discriminación.
 
Quienes nos dedicamos a la producción de información estadística sobre discapacidad hemos recibido este Barómetro con cierta decepción, no tanto por los resultados, como por la forma en la que se ha realizado. La encuesta del CIS presenta lagunas sobre cuestiones conceptuales básicas como por ejemplo: que la discapacidad no se “padece”, que la discapacidad no es un fenómeno únicamente relacionado con dificultades de movilidad, o las personas que no hablan, sí se comunican.
 
Existe una cantidad ingente de producción científica que podría haber servido como apoyo para una correcta definición operativa de discapacidad, que sirviera como marco para el diseño de las preguntas, que el CIS parece haber obviado. Como resultado, encontramos un cuestionario cargado de estereotipos, parcial y con una construcción conceptual muy poco consistente. En cualquier caso, aunque esto es grave, podría resultar comprensible.
 
Lo que en cambio no es tan comprensible es que la herramienta utilizada para realizar este Barómetro (el cuestionario) contenga serios errores metodológicos en su diseño. No resulta aceptable que un organismo del prestigio y trayectoria del CIS haya obviado las normas básicas que es preciso respetar para garantizar la obtención de datos válidos (que miden lo que quieren medir) y fiables (que miden de forma precisa). Por añadidura, la redacción de muchas preguntas está afectada claramente por riesgo de “deseabilidad social” -esa tendencia que tenemos a contestar lo que creemos que el entrevistador quiere escuchar, o en todo caso lo “políticamente correcto”, cuando nos hacen una encuesta-.
 
A pesar de estas dificultades, el barómetro del CIS nos ofrece algunos datos interesantes que merece la pena destacar, entre ellos, que casi la mitad de la población reconoce incomodidad en presencia de personas con discapacidad. Esta tendencia al rechazo se manifiesta luego en menores expectativas en actividades productivas, o en la responsabilidad que debe asumir la familia, por ejemplo. 
 
El Barómetro confirma que las ONGs, principal fuente de apoyo para las personas con discapacidad, aventajan abrumadoramente al sector público tanto en prestación de servicios como en imagen social. A pesar de esto, la mayoría de las personas con discapacidad está fuera de las redes de apoyo (tanto públicas como "privadas"), lo cual resulta clave en términos de invisibilidad y discriminación.
 
Tiempo habrá para entrar con mayor detenimiento en los datos de este Barómetro, así como en sus implicaciones metodológicas. Ahora es el momento de celebrar este nuevo aporte de información, y agradecer al CIS y otros organismos sus esfuerzos por mejorar la información estadística sobre discapacidad. Una oportunidad.
 
Agustín Huete García
Universidad de Salamanca
www.intersocial.es 
 
 
 

Fotografía de Torcuato RecoverSegún Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de la Federación de organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

Las personas con discapacidad intelectual también son discriminadas y vilipendiadas en la reforma del Código Penal actualmente en trámite parlamentario. La sapiencia de Torcuato Recover, como coordinador de la Red de Juristas de Feaps y miembro del Comité Ejecutivo del Cermi, es necesaria. Lo tiene claro. Si la persona con discapacidad intelectual delinque es porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción. Ni pena ni castigo. Lo dice en una entrevista publicada en 'Cermi.es semanal'.

¿De dónde cree viene el atávico prejuicio de asociar que las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual son peligrosas?

El origen está en el desconocimiento, en la desconfianza ante lo distinto, ante aquello que excede de nuestros parámetros de normalidad. A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual han sido discriminados porque se les juzgaba diferentes. No encajaban en los patrones de "lo normal" y, como consecuencia, se les juzgaba como sospechosos y se les podía atribuir cualquier conducta antisocial.

No hay estudios científicos rigurosos que evidencien que la enfermedad mental, y menos aún la discapacidad intelectual, pueda constituir un elemento que favorezca la peligrosidad. Más bien al contrario: antes son víctimas que autores de delitos.

¿Cómo podemos hacer que la sociedad deje de considerar peligrosas a estos dos colectivos?

Parece claro. Sólo la plena inclusión social, el reconocimiento de la persona con discapacidad como un ciudadano más, con plenos derechos y obligaciones, como el resto, puede superar esas diferencias, esos prejuicios.

El "controvertido" proyecto de reforma del Código Penal aprobado ya por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario sigue discriminando a las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental.

¿Qué denuncia Feaps de esta norma jurídica?

La cuestión más importante es la decisión, que es incluso defendida en la exposición de motivos, de eliminar la limitación en la duración de las medidas de seguridad y permitir que estas se prolonguen en el tiempo. Las organizaciones de atención a las personas con discapacidad intelectual, integradas en Feaps, llevan trabajando, desde hace décadas, con las personas privadas de libertad en centro penitenciarios que padecen discapacidad intelectual. Cuando se comenzaron estos programas comprobamos que en los centros penitenciarios había personas con discapacidad a las que un día un tribunal había reconocido una circunstancia atenuante o eximente y, como consecuencia, se había establecido una medida de seguridad. Y, de este modo, la falta de revisión de ésta, así como la indeterminación de su finalización supusieron dejar a aquellas personas durante años, sin establecerse límite, en el centro penitenciario, olvidados por el sistema judicial.

Al menos, el Código Penal vigente impidió ese tipo de situaciones al establecer que las medidas de seguridad no pueden tener una duración superior a la condena que hubiese correspondido de no aplicarlas, lo que ha permitido evitar aquellos errores del sistema y resultó un situación de seguridad jurídica mucho mayor que con el caso anterior que se ha expuesto. Sin embargo, la propuesta de reforma del Código Penal que se está tramitando modifica nuevamente el texto y elimina esa necesaria limitación.

Si la situación antes de la reforma ya era mala, aunque antes fuera aún peor, volveríamos a peor, ya que el nuevo texto jurídico permie el confinamiento de estas personas durante más tiempo en el caso de que un juez determine que es "peligrosa".

¿Qué hacer ante esto?

En primer lugar, hay que dejar establecido que son muchas, demasiadas, las personas con discapacidad intelectual que llegan a cumplir condenas de privación de libertad porque no se ha detectado, durante el proceso judicial, esa circunstancia personal. Y que esto ocurra ya evidencia un fracaso del sistema.

Si cuando una persona con discapacidad comete un delito y, en función de esa concreta circunstancia personal, se le aplica una medida de seguridad que puede prolongarse en el tiempo más incluso que lo que duraría la pena que se le hubiese impuesto de no existir aquella circunstancia personal, está claro que estamos ante un sistema penal erróneo, injusto, que generan una situación de discriminación que, además, está prohibida por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que, paradójicamente, ha ratificado nuestro país.

¿Qué opinión le merece esa "subjetividad" que tendrán que aplicar los jueces para decidir si una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental es "peligrosa" o no?

El concepto de "peligrosidad" ya forma parte de nuestro derecho penal moderno. Actualmente se tiene en cuenta para el acceso a beneficios penitenciarios y la psicología moderna ha elaborado distintos medios de valoración. Pero no dejaran de ser aproximativos y la decisión sobre la ponderación de ese concepto incluye criterios de valoración ciertamente subjetivos. La gravedad de un delito puede generar una valoración de peligrosidad que, a menudo, está influenciada por criterios de mera alarma social. Y todos estos no son parámetros objetivos e, incluso, impiden comprobar que la persona con enfermedad mental, por ejemplo, puede haber cometido el delito en un momento en el que sufría un brote o una crisis o una descompensación de su trastorno que puede evitarse mediante un seguimiento y un tratamiento adecuado y que, por tanto, si se realiza, carece de justificación mantener su reclusión y prolongarla por el delito que, en esas circunstancias, un día cometió.

¿Cuál puede ser la pretensión del Gobierno al ampliar el límite máximo de reclusión de estas personas con discapacidad sobre el que correspondería al delito cometido si la persona no imputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable?

No se me ocurre otro que el dar respuesta e intentar blindarse frente a situaciones de cierta alarma social. A menudo, los medios de comunicación emiten mensajes no rigurosos sobre delitos cometidos por personas que padecen alguna discapacidad o enfermedad mental y eso hace generalizable la sospecha y actualiza ese miedo atávico que considerábamos al principio, que lleva a cuestionar a los gobernantes y a exigirles medidas de mano dura contra quien, mientras dura la noticia, se pinta como una especie de enemigo de la sociedad. Pero dejarse llevar de estas presiones sociales, fácilmente manipulables y en la mayor parte de los casos superficiales, no puede generar nuevas injusticias y, menos aún, excusar situaciones de franca discriminación por razón de la discapacidad.

¿Cree que la asociación de este término a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual supone un ataque a su imagen personal y social? ¿Nos vincula quizás al imaginario colectivo con la delincuencia y la lesión de bienes sociales, perpetuando el estigma que padecen estas personas?

Sin duda. Es un retroceso en el tiempo, una visión sesgada, discriminatoria, que justifica situar al diferente como sospechoso. Una de las grandes aportaciones de la citada Convención Internacional es que deja sentada que las personas con discapacidad benefician a la propia sociedad en la que se integran. No es sólo que estas tienen derecho a integrarse sino que la sociedad tiene derecho a beneficiarse de esa integración. Por tanto, toda actuación que justifique medidas diferentes, segregadoras o discriminatorias es contraria a ese básico derecho. Y, desde luego, no sólo nos hace retroceder en el tiempo sino que justifica una situación de discriminación inadmisible: dos personas pueden cometer el mismo delito, y, por tanto, les debe corresponder la misma o similar pena, pero, resulta que si una de ellas padece una discapacidad intelectual o enfermedad mental que, valorada por el tribunal, genera una medida de seguridad, que suponga privación de libertad, en lugar de una pena, la persona con discapacidad puede sufrir un tiempo de privación de libertad mucho mayor que quien no tiene esa circunstancia. Y esto, desde un planteamiento de derechos humanos básicos, es inadmisible.

Lo que está ocurriendo parece rememorar la vieja ley del 33 de 'vagos y maleantes'. "Vagos, maleantes y peligrosos", dice Luis Cayo Pérez Bueno. La discapacidad está siendo criminalizada", ¿no le parece?

En cuanto que el nuevo marco legal, que resultaría de la reforma planteada, permite una situación como la expuesta más arriba. Efectivamente, está claro que se está criminalizando la propia discapacidad. O, si se quiere ser más riguroso, que esta prevé una respuesta penal de más perniciosa, más dura.

Por el contrario, una política criminalista adecuada debería tener en cuenta que cuando la persona con discapacidad intelectual comete un hecho delictivo lo es bien porque ha estado siempre fuera del sistema, no ha recibido los servicios y atención que hubiese precisado su dolencia o porque es utilizada por otras personas para perpetrar un hecho delictivo. Nuestra experiencia de décadas en los programas de atención a reclusos nos permiten conocer que se trata de personas que han sido orillados, excluidos, primero del sistema educativo y después del sistema de atención o de servicios sociales hasta caer en situaciones marginales en las que son fácilmente manipulados. Pero la conciencia de esa situación debe propiciar la mejora de los sistemas de integración y de atención, no a penalizar con mayor rigor la discapacidad.

¿Qué hará Feaps en el caso de que se mantenga la reforma del Código Penal en trámite parlamentario?

En primer lugar, venimos intentando, con el Cermi, transmitir al Gobierno, y ahora a los grupos políticos parlamentarios, que en ese aspecto concreto la propuesta de reforma es injusta. Aunque una sola persona se vea privada de su libertad más tiempo del que, en justicia y conforme a la ley, le correspondería si el mismo hecho hubiese sido cometido por cualquier otro ciudadano, constituye una grave injusticia y evidenciará la improcedencia de la reforma.

Hemos participado en toda clase de reuniones al respecto, recabado la opinión de académicos, etc. Y no cejaremos mientras haya esperanza de modificar la propuesta de reforma del Código Penal en este aspecto.

Después, si el Parlamento lo aprueba y entra en vigor en los términos anunciados en el actual Proyecto, denunciaremos la discriminación que ello supone contra las personas con discapacidad intelectual ante el Comité de Derechos de la Convención, en Naciones Unidas, y haremos todo lo posible para modificarlo. Y, en cualquier caso, seguiremos prestando atención a las personas con discapacidad intelectual que acaban en centros penitenciarios, intentando ayudarles a mejorar sus vidas, a restañar las heridas que les habrá producido el sistema y a realizar su propio proyecto de vida.

¿Qué ventaja tendría el Gobierno en caso de continuar con la reforma según está y cuál o cuáles de modificarla?

La ventaja que puede obtener el gobierno con esta reforma, en ese concreto punto, es la de ofrecerle a la opinión pública la aparente seguridad de la reclusión de una persona con discapacidad que haya cometido un delito. Se trata de una especie de garantía de tranquilidad, aumentando, injustamente, la reclusión de personas que aquella opinión pública pueda considerar sospechosas, peligrosas.

Pero no es esta la superior obligación de un gobierno en cuanto a política criminal. La mejor legitimación de un gobierno en este aspecto es abordar políticas de prevención, establecer cauces de información, asesoramiento y atención cuando se detecta una discapacidad. Si la persona cuenta, desde el primer momento, con los apoyos precisos tendrá ante sí una propuesta de vida más rica y alejada de los circuitos de la delincuencia. Y ahí es donde deben garantizar los gobiernos que haya respuestas.

Y si la persona con discapacidad delinque (y en tal caso nuestra experiencia indica que mayoritariamente se trata de delitos menores) porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción, entonces es obvio que tampoco procede un castigo, una pena, sino un sistema de ayuda, de apoyo.

Fuente: servimedia


La discapacidad es una de las fuentes de discriminación más extendidas en la sociedad actual, reconocida con frecuencia por casi medio millón de personas en España, según cifras recientes. La discriminación, como hecho que se produce en la interacción entre personas, es percibida fundamentalmente en escenarios de la vida cotidiana. A partir de un planteamiento operativo de Exclusión Social propuesto por Laparra et al., (2007), y utilizando como fuente de datos principal la Encuesta Social Europea (2010), se presentan evidencias de discriminación de la población con discapacidad en España en los ejes económico, político-social y de relaciones sociales, en comparación con la población general.

Artículo publicado de Agustín Huete García, publicado en la Revista Española de Discapacidad, edutada por el Centro Español de Documentación (CEED).

Número completo disponible aquí: http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/archive

 

El  galardón ha sido otorgado por haber asumido en la agenda parlamentaria el enfoque inclusivo de las mujeres y niñas con discapacidad, colaborando permanente con el sector social de la discapacidad en su lucha por la igualdad de género.

Además, se han presentado públicamente los tres primeros títulos de la colección editorial ‘Generosidad, Género y Discapacidad’ del CERMI.

El Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho entrega hoy del Premio Cermi.es 2013, en la categoría de Mejor Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad, a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Según ha expuesto la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, durante la lectura del fallo del jurado, se reconoce con esta distinción a la Comisión de Igualdad del Congreso por haber asumido en la agenda parlamentaria el enfoque inclusivo de las mujeres y niñas con discapacidad, colaborando permanente con el sector social de la discapacidad en su lucha por la igualdad de género.

El galardón ha sido recogido por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Quintanilla, de la mano de la comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, quien también ha presentado el acto.

Ana Peláez se ha referido a la categoría de la mejor Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad del Premio cermi.es, la cual se implantó en 2005 por primera vez, al mismo tiempo que ha apuntado a la comparecencia del CERMI del 19 de junio de 2012 ante la Comisión de Igualdad para presentar los avances y necesidades y demandas urgentes que señala el sector de la discapacidad en materia de género. En este sentido, ha asegurado que desde ese momento hasta ahora, desde el CERMI se ha constatado “una inmensa preocupación” por parte de los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión.

Así, ha mencionado algunos avances que se han ido consiguiendo, como la incorporación de la discapacidad en la estrategia de violencia estatal, o la incorporación de género en algunas políticas que también se desarrollan desde el ámbito de la discapacidad a favor de mujeres y niñas con discapacidad.

Sin embargo, ha reconocido, “todavía queda mucho trabajo por sacar adelante el artículo 6 de la Convención de la ONU, que es el relativo a las mujeres y niñas con discapacidad”. Desde el CERMI, ha continuado, “estamos convencidos de que el Congreso ayudará a garantizar sus derechos y libertades fundamentales”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Quintanilla, ha manifestado el compromiso de la Comisión, así como de toda la Cámara, de “abanderar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, pero, especialmente, de las mujeres y niñas con discapacidad, que están expuestas a una doble discriminación por razón de género y discapacidad”.

Asimismo, ha agradecido el galardón del CERMI y ha afirmado que es “muy importante” este reconocimiento porque “la sociedad civil se acerca hoy al Parlamento español, al poder legislativo”. En este sentido, ha querido lanzar un mensaje en nombre de toda la Comisión de Igualdad, que es “seguir construyendo la democracia, la libertad, pero, sobre todo, seguir trabajando para que las mujeres y niñas con discapacidad no sufran nunca ningún tipo de discriminación”.

“Hoy la Comisión de Igualdad está todavía más cerca de todas las personas que tienen discapacidad en España, pero, sobre todo, de las mujeres y niñas con discapacidad”, ha destacado, al mismo tiempo que ha señalado que “aquí, en el legislativo, y, sobre todo, en la Comisión, todos los grupos políticos seguiremos enarbolando la bandera de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

Este premio, ha dicho, no sólo es un premio a los portavoces de la Comisión, “sino a todos los hombres y mujeres que cada día hacen posible que la voz de la sociedad civil, de la discapacidad, se oiga”. “Es el premio al trabajo de una Comisión que representa los valores más importantes a favor de la igualdad de oportunidades”, ha añadido.

Por último, Quintanilla ha expresado el compromiso de seguir trabajando y de seguir ahondando en romper cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, desde, ha puntualizado, su compromiso con el CERMI, con la sociedad civil y con las 7.000 asociaciones de la discapacidad que representa”.

Además, previamente, se han presentado los tres primeros títulos de la colección editorial ‘Generosidad, Género y Discapacidad’ del CERMI. En este sentido, Ana Peláez ha introducido el ‘II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016’; el sociólogo Agustín Huete, el estudio ‘Pobreza y Exclusión Social de las Mujeres con Discapacidad en España’; y la periodista Elena Díaz Funchal, el tercer título ‘El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad. La conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad’.

Todos estos títulos del CERMI se han publicado para dar visibilidad a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en los distintos ámbitos de su vida y desde distintas perspectivas, como medio para plantear propuestas, a fin de eliminar todas las barreras y cualquier situación de discriminación a la que se enfrenta este grupo en su vida cotidiana.

Los Premios Cermi.es, patrocinados por Fundación Vodafone España, buscan reconocer las iniciativas o acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido, en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

El  galardón ha sido otorgado por haber asumido en la agenda parlamentaria el enfoque inclusivo de las mujeres y niñas con discapacidad, colaborando permanente con el sector social de la discapacidad en su lucha por la igualdad de género.

Además, se han presentado públicamente los tres primeros títulos de la colección editorial ‘Generosidad, Género y Discapacidad’ del CERMI.

El Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho entrega hoy del Premio Cermi.es 2013, en la categoría de Mejor Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad, a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Según ha expuesto la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, durante la lectura del fallo del jurado, se reconoce con esta distinción a la Comisión de Igualdad del Congreso por haber asumido en la agenda parlamentaria el enfoque inclusivo de las mujeres y niñas con discapacidad, colaborando permanente con el sector social de la discapacidad en su lucha por la igualdad de género.

El galardón ha sido recogido por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Quintanilla, de la mano de la comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, quien también ha presentado el acto.

Ana Peláez se ha referido a la categoría de la mejor Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad del Premio cermi.es, la cual se implantó en 2005 por primera vez, al mismo tiempo que ha apuntado a la comparecencia del CERMI del 19 de junio de 2012 ante la Comisión de Igualdad para presentar los avances y necesidades y demandas urgentes que señala el sector de la discapacidad en materia de género. En este sentido, ha asegurado que desde ese momento hasta ahora, desde el CERMI se ha constatado “una inmensa preocupación” por parte de los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión.

Así, ha mencionado algunos avances que se han ido consiguiendo, como la incorporación de la discapacidad en la estrategia de violencia estatal, o la incorporación de género en algunas políticas que también se desarrollan desde el ámbito de la discapacidad a favor de mujeres y niñas con discapacidad.

Sin embargo, ha reconocido, “todavía queda mucho trabajo por sacar adelante el artículo 6 de la Convención de la ONU, que es el relativo a las mujeres y niñas con discapacidad”. Desde el CERMI, ha continuado, “estamos convencidos de que el Congreso ayudará a garantizar sus derechos y libertades fundamentales”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Quintanilla, ha manifestado el compromiso de la Comisión, así como de toda la Cámara, de “abanderar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, pero, especialmente, de las mujeres y niñas con discapacidad, que están expuestas a una doble discriminación por razón de género y discapacidad”.

Asimismo, ha agradecido el galardón del CERMI y ha afirmado que es “muy importante” este reconocimiento porque “la sociedad civil se acerca hoy al Parlamento español, al poder legislativo”. En este sentido, ha querido lanzar un mensaje en nombre de toda la Comisión de Igualdad, que es “seguir construyendo la democracia, la libertad, pero, sobre todo, seguir trabajando para que las mujeres y niñas con discapacidad no sufran nunca ningún tipo de discriminación”.

“Hoy la Comisión de Igualdad está todavía más cerca de todas las personas que tienen discapacidad en España, pero, sobre todo, de las mujeres y niñas con discapacidad”, ha destacado, al mismo tiempo que ha señalado que “aquí, en el legislativo, y, sobre todo, en la Comisión, todos los grupos políticos seguiremos enarbolando la bandera de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

Este premio, ha dicho, no sólo es un premio a los portavoces de la Comisión, “sino a todos los hombres y mujeres que cada día hacen posible que la voz de la sociedad civil, de la discapacidad, se oiga”. “Es el premio al trabajo de una Comisión que representa los valores más importantes a favor de la igualdad de oportunidades”, ha añadido.

Por último, Quintanilla ha expresado el compromiso de seguir trabajando y de seguir ahondando en romper cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, desde, ha puntualizado, su compromiso con el CERMI, con la sociedad civil y con las 7.000 asociaciones de la discapacidad que representa”.

Además, previamente, se han presentado los tres primeros títulos de la colección editorial ‘Generosidad, Género y Discapacidad’ del CERMI. En este sentido, Ana Peláez ha introducido el ‘II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016’; el sociólogo Agustín Huete, el estudio ‘Pobreza y Exclusión Social de las Mujeres con Discapacidad en España’; y la periodista Elena Díaz Funchal, el tercer título ‘El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad. La conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad’.

Todos estos títulos del CERMI se han publicado para dar visibilidad a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en los distintos ámbitos de su vida y desde distintas perspectivas, como medio para plantear propuestas, a fin de eliminar todas las barreras y cualquier situación de discriminación a la que se enfrenta este grupo en su vida cotidiana.

Los Premios Cermi.es, patrocinados por Fundación Vodafone España, buscan reconocer las iniciativas o acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido, en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Fuente: CERMI

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