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Logo del CERMILa Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) trabajarán de manera conjunta para identificar y reducir las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y sus familias.

Para ello, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un convenio por el que promoverán diferentes iniciativas y actuaciones que tengan por fin incrementar la inclusión social de las personas con discapacidad y garanticen su acceso sin exclusiones a los servicios y prestaciones de la Administración General del Estado (AGE).

Ambas partes, que reconocen la situación de partida de objetiva desventaja de las personas con discapacidad para disfrutar de los derechos que reconoce la Constitución, impulsarán, desde sus diferentes ámbitos de actuación, medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad.

En concreto, el CERMI se compromete a realizar una labor de análisis de la información y cargas burocráticas que afectan a las personas con discapacidad y a elaborar propuestas concretas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes para las personas con discapacidad y sus familias.

Con este fin, la plataforma representativa de la discapacidad en España entregará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MINPTFP), antes del 20 de noviembre de 2018, el informe resultante del trabajo de análisis y de las propuestas de reducción de cargas administrativas para las personas con discapacidad y sus familias.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), proporcionará asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas y su reducción.

Asimismo, realizará un seguimiento de los trabajos realizados durante el periodo de vigencia del convenio, convocando reuniones periódicas en las que participen ambas partes y remitirá las propuestas presentadas a los departamentos ministeriales competentes en cada materia según la iniciativa.

Para garantizar las labores de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, que tendrá como cometido principal resolver los posibles problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. La SEFP será la encargada de convocar para la constitución de esta comisión a la que, a propuesta de cualquiera de sus miembros, podrán asistir otros responsables de la AGE y del CERMI, cuando deban tratarse temas que requieran de su asesoramiento.

Fuente: cermi.es

 

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imagen niños en camino rural(Artículo Revista cermi.es semanal)

Este informe responde a una de las medidas previstas en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, que prevé la elaboración y puesta en marcha del Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural. Según Martha Yolanda Quezada, coautora del informe: “El informe permite conocer mejor la situación de las personas con discapacidad en el ámbito rural y ofrece una serie de propuestas de acción con el ánimo de contribuir en el acierto en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas para la mejora en las condiciones de vida de este colectivo”.

Es por eso, por la necesidad de renovación y de una mirada distinta, por lo que resulta de gran interés el informe 'Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción', elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que  trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para alcanzar una vida autónoma en inclusión social.

En España, tal y como detalla el informe del OED, “prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el medio rural, es decir una cuarta parte de la población”. Y añade: “la distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano y con una mayoría de mujeres”. De ahí que el informe señale la cuestión de género como prioritaria y destaque la necesidad de empoderar a las mujeres con discapacidad, velar por el cumplimiento de sus derechos y reconocer y promover su voz en los asuntos que las conciernen.

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