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Miércoles, 25 de Febrero de 2015 09:56

Convivir con una enfermedad rara

Convivir con una enfermedad rara. Hay un gesto que lo cambia todo”. Bajo este lema, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) impulsa la Campaña de Sensibilización por el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebrará en los meses de febrero y marzo. En coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) y con la I Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER), se busca atraer la atención sobre las graves situaciones de falta de equidad e injusticias que viven las familias.

De esta forma, y para lograr que el mensaje llegue más lejos, FEDER impulsa en España acciones de sensibilización en todas las comunidades autónomas a través de sus delegaciones, coordinadores de zona y asociaciones. En total, se organizan más de 300 actividades en toda España con la meta de crear una marea de solidaridad en el marco del Día Mundial.

Hay un gesto que lo cambia todo

Se invita a la sociedad en general a que se movilice en favor de las personas con enfermedades poco frecuentes. Para ello, y bajo el lema “Hay un gesto que lo cambia todo”, invitamos a todo el mundo a que se “pinte” una raya verde debajo del ojo.

Juan Carrión, Presidente de FEDER asegura que “Queremos transmitir que con este gesto lo cambiamos todo. Un gesto que separa la solidaridad del desconocimiento, la seguridad de la incertidumbre, la colaboración del aislamiento. Un gesto capaz de iluminar el futuro de más de 3 millones de personas en España y devolverles la Esperanza”.

Declaración del Día Mundial de las Enfermedades Raras

Fuente: FEDER

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Sábado, 13 de Diciembre de 2014 10:39

Discapacidad y derechos humanos

El CERMI denuncia la debilidad estructural de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que “los derechos humanos de las personas con discapacidad empeoran”. Así lo refleja, aseguró Pérez Bueno, el corpus formado por los seis informes ‘Derechos humanos y Discapacidad’, cuya sexta edición se presentó en Servimedia este 10 de diciembre haciendo coincidir el acto, como cada año, con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU sobre discapacidad, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad. 

El presidente del CERMI afirmó que este conjunto de publicaciones son la prueba que permite realizar la comparación a lo largo de los años y concluir que “los derechos humanos de las personas con discapacidad empeoran por la crisis económica, social y financiera” y que “afecta más intensamente que al resto de la población porque hay muchos derechos humanos que están ligados a presupuestos económicos como es el caso de la educación inclusiva o las pensiones”. 

Sin embargo, Pérez Bueno culpó también a la “inacción” de las administraciones públicas como otro causante del empeoramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad porque muchos de éstos “dependen sólo de decisiones políticas” y sólo “requieren cambiar de modelo de imaginaria, acompasarse a la Convención, a sus principios, valores y mandatos, y  una profunda revolución normativa”. 

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Pérez Bueno hizo un breve recorrido por lo que denominó “el memorial de agravios” y comenzó aseverando que “la falta de voluntad se nota”, por ejemplo, respecto a la vulneración del artículo 12 de la Convención que habla de la igual capacidad jurídica y que en España, en este sentido, “las medidas no han variado” porque seguimos teniendo “tutela, curatela y otras medidas que sustituyen a la persona, que no la apoyan” en contra, “diametralmente”, de lo que dice este artículo. 

En este sentido, señaló que unos 80.000 españoles con discapacidad están privados de su derecho al voto. Por ello, alentó al Gobierno que impulse las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio puedan ejercerlo, aunque sea con apoyos si los precisan.

Asimismo, subrayó de “abominable” la situación de que sigamos teniendo en nuestro país la posibilidad de la “esterilización forzosa a hombres y mujeres con discapacidad que admite nuestro Código Penal” y que, según el presidente del CERMI, “está denunciada por activa y por pasiva” y incluso por Naciones Unidas que “se ha pronunciado expresamente en la necesidad de reformarlo con urgencia” y “sin embargo”, insistió, “ahí está aún la posibilidad de privarles de la función reproductora” una vulneración de sus derechos que, en su opinión, “tiene un tinte machista” porque “fundamentalmente, según los datos que vamos teniendo, aún muy fragmentarios, se realiza sobre la mujer con discapacidad, especialmente intelectual”, sentenció Pérez Bueno.

También denunció el presidente de la entidad la vulneración de los derechos humanos de las personas con enfermedad mental y puso el foco en los internamientos forzosos que, según explicó, “hace más de tres años, el Tribunal Constitucional dijo que la ley que permite el internamiento forzoso o involuntario de una persona con trastorno mental cuando está en crisis es ilegal e inconstitucional” porque “estos internamientos están soportados por una ley ordinaria y cualquier medida de privación de libertad sólo puede venir dada por una ley orgánica, que son las que regulan derechos fundamentales y, entre ellos, la libertad de los ciudadanos”, clamó.

Pérez Bueno, añadió en este mismo sentido, que “después de tres años, esa norma de enjuiciamiento civil no se ha modificado en esa parte, pero que no sólo está la discusión de la forma sino del fondo”. Expone el presidente del CERMI que “nadie, por razón de discapacidad, de salud mental, puede ser privado de su libertad”, que “podrá ser privado, como los demás ciudadanos o ciudadanas, porque haya delinquido o sea un peligro para él o para la sociedad”, pero que su internamiento forzoso “no puede ser porque tenga una enfermedad mental”. 

Asegura Pérez Bueno que esto hay que “retomarlo con urgencia” porque “todavía nuestros responsables políticos no han interiorizado nuestra petición, a pesar de nuestra insistencia,  que ya no sabemos cómo hacer para que entiendan que la visión de los derechos humanos de las personas con discapacidad no puede ser pura retórica sino que tiene que trasladarse a hechos concretos”. 

EL INFORME 

El informe sobre derechos humanos y discapacidad relativo a 2013 evidencia que el año pasado aumentó un 33,1% el número de consultas recibidas en la Asesoría Jurídica del Cermi, que ascendieron a un total de 422, 105 más que en 2012. 

De estas 422 consultas, 32 se tramitaron como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, mientras que el resto corresponden a solicitudes de información.

En cuanto a la distribución por sexos, el 60% de las consultas las realizaron hombres y el 40% restante, mujeres. 

El sexto informe de derechos humanos y discapacidad elaborado por el CERMI mantiene una línea similar a los anteriores y continúa su estudio sobre los temas que en mayor medida atentan contra los principales derechos del sector. 

Entre otros, grosso modo, quedan patentes, tal y como se explicó en un reportaje publicado en ‘Cermi.es semanal’, la falta de educación inclusiva tras la aprobación de la LOMCE y la aplicación de los recortes; la continua violencia ejercida contra la mujer con discapacidad y la necesidad de abordarla con un mejor y mayor tratamiento, y la persistencia de tratamientos discriminatorios hacia las personas con enfermedad mental así como una importante discriminación añadida si se aprueba la reforma del código penal que proyecta el Gobierno.

Fuente: CERMI SEMANAL

Derechos humanos y Discapacidad. Informe España 2013

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Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 11:15

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

NO AL COPAGO CONFISCATORIO, QUE EXPULSA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y SUS FAMILIAS DE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES

Por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal

y Atención a la Dependencia

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3 DE DICIEMBRE DE 2014

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a 

escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente 

MANIFIESTO

 

La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.

El nuevo dispositivo de protección social, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por esta Norma legal, debía comenzar a reparar definitivamente el déficit histórico que en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de bienestar en España. La consagración normativa de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que llevó aparejada la Ley 39/2006, a pesar de sus deficiencias, inauguraba una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social, que consideraba esta legislación como una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.

Transcurridos más de siete años desde la aprobación de esta Ley, la implantación y despliegue de este nuevo sistema de protección y del derecho social en que se traducía, se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la virulenta crisis económica y social que ha azotado a España en este período y que ha sacudido con violencia las arquitecturas de bienestar, siempre insuficientes, que han de caracterizar a un Estado como el español, que constitucionalmente se define como social. Esta adversa coyuntura económica, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores -políticos, sociales y de gobernanza del sistema- han determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como “copago”, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica.

Entre las personas con discapacidad y personas mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, que comporta un riesgo real de vaciar el derecho creado por la Ley, ha de ser corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de vigencia.

Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo, resulta urgente e imprescindible  modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada.

Para el movimiento social de la discapacidad organizado en torno al CERMI, esta reforma legal debe pasar por:

  • Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.
  • Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

Con estas medidas, que posteriormente tendrán su concreción reglamentaria, se eliminarían trabas de importancia en la aplicación equitativa de Ley 39/2006, robusteciendo el carácter de derecho subjetivo y ampliando el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.

Para conseguir esta reforma legal inaplazable, el CERMI anuncia, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, con arreglo a lo establecido en la Constitución Española  y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

El movimiento organizado de la discapacidad hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

 

3 de diciembre de 2014.

 

Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad

CERMI

www.cermi.es

 

 

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Domingo, 26 de Octubre de 2014 10:20

Una vida salvada merece ser vivida

Manifiesto del Día del Daño Cerebral. Una vida salvada merece ser vivida.

En el año 2006 FEDACE trasladó a la Administración la propuesta, surgida de su tercer congreso, de instaurar del Día del Daño Cerebral Adquirido para “…hacer partícipe a la sociedad de la situación en que vivimos las personas con daño cerebral y sus familias en España, para que se nos reconozca, se nos entienda, se nos valore adecuadamente y se nos atienda”

Al año siguiente el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 2007, acordó declarar el 26 de octubre “Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido”

Siete años después, las entidades que forman parte del movimiento asociativo DCA organizado en torno a FEDACE, aprovechamos nuevamente la oportunidad para mostrar la realidad del DCA y las aspiraciones de las más de 420.000 personas que viven con Daño Cerebral Adquirido en nuestro país.

La sociedad quizá esté más familiarizada con las causas que originan el daño que con las consecuencias del mismo. Los Ictus, los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales, anoxia cerebral y algunas patologías infecciosas son Daño Cerebral Adquirido (DCA) en tanto que tienen como consecuencia común alteraciones de la consciencia, de la movilidad, de la comunicación, de la orientación, de la memoria, del comportamiento, de las emociones…etc.

Estas alteraciones, que muchas veces se presentan de manera conjunta, implican que el 68% de las personas con DCA presenta discapacidad en alguna actividad básica de la vida diaria y el 45% en grado severo o total

Vivir con DCA supone que cada persona de estas 420.000 y su familia, debe enfrentarse cada día a dificultades que merman las posibilidades de recuperación funcional y entorpecen su participación social, dificultando así el ejercicio de sus derechos.

Desde el movimiento asociativo DCA, reclamamos el derecho a una vida digna para las personas con daño cerebral y sus familias y entendemos que esto hoy pasa por:

·         El desarrollo de la prestación sociosanitaria que garantice la continuidad asistencial, la adecuada recuperación funcional y la participación social de las personas con DCA. Para ello reclamamos respuestas coordinadas desde la Administración Central, las Autonómicas y las Locales, que impliquen al Sistema Nacional de Salud y al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

·         La conformación regulada de la red de recursos, programas y servicios homologados para atender las necesidades específicas de las personas con DCA, garantizando el acceso universal independientemente del poder adquisitivo o del territorio en que vivan. Es importante que la administración asuma la responsabilidad de regulación y supervisión a la hora de homologar y establecer protocolos de validación y derivación a estos recursos y servicios.

·         El impulso a la investigación en técnicas rehabilitadoras y productos de apoyo para la autonomía de las personas con DCA. No solo debe facilitarse el acceso a las nuevas tecnologías, también es importante el desarrollo, a partir de estas, de productos y servicios facilitadores de la accesibilidad cognitiva

·         El establecimiento de programas de apoyo a las familias. El episodio de de daño cerebral tiene un impacto brutal sobre la familia por lo que también deben ser atendidas en tres aspectos fundamentales: información, entrenamiento para afrontar la nueva situación y apoyo psicológico.

·         El reconocimiento y apoyo a la sostenibilidad del asociacionismo DCA. Hoy nadie pone en duda el valor social del asociacionismo, su representatividad y su papel en la defensa de los derechos de las personas con DCA. Entendemos que este reconocimiento debe plasmarse en el desarrollo de un marco normativo que garantice la sostenibilidad económica de las asociaciones, y tenga en cuenta la experiencia y el carácter social agregado en la prestación de los servicios y recursos que gestionan.

Reiteramos nuestra voluntad de colaboración con la Administración y con todas las personas y entidades implicadas en la atención al DCA, agradecemos su apoyo e invitamos a que nuestro lema “UNA VIDA SALVADA MERECE SER VIVIDA” sea hoy el lema de todos y reafirme el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con DCA.

26 de octubre de 2014

FEDACE. FEDERACION ESPAÑOLA DE DAÑO CEREBRAL

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Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Nosotros, las personas con parálisis cerebral, tenemos como ciudadanos un único objetivo, a saber: desarrollarnos plenamente como personas. Y cada uno de nosotros entiende y materializa este desarrollo de forma muy distinta, en función de sus intereses y anhelos. Lo importante de todo esto consiste en poder elegir, en tener la posibilidad de decidir nuestro destino. Por eso, hoy, Día Mundial de la Parálisis Cerebral, reclamamos una condición indispensable para potenciar nuestra capacidad de decisión y de desarrollo pleno: una educación inclusiva efectiva, real y accesible en función de las capacidades de cada uno.

Las administraciones públicas están obligadas a proporcionar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que el Estado firmó y ratificó en 2008. Es decir, que las personas con discapacidad no reclamamos nada que el propio Estado no se haya autoimpuesto, sabedor de que es la mejor vía de una sociedad justa.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que acaba de entrar en vigor en el presente curso ni siquiera menciona a los Centros de Educación Especial, a los que no tienen en cuenta como soporte en la educación del colectivo, volviendo así a concepciones educativa arcaicas aparentemente ya superadas.

En oposición a este desamparo legal, el movimiento de la parálisis cerebral cuenta con 42 Centros Educativos ASPACE, que son, más que un lugar, un recurso. Constituyen verdaderos centros especializados en el desarrollo íntegro de las capacidades de la persona. Una formación especializada impartida por especialistas en Centros Especializados, cuya separación físicamente de colegios e institutos no deja de ser una mera anécdota. Porque lo verdaderamente importante de estos Centros Educativos ASPACE es que su formación la imparten especialistas, en entornos adaptados, con los procedimientos y los materiales adecuados, que garantizan un óptimo rendimiento educativo en las personas con discapacidad en general, y de las personas con parálisis cerebral en particular.

Por este motivo, las personas con parálisis cerebral solicitamos que la educación reglada inclusiva:

  1. Cuente con los Centros Educativos ASPACE como recurso para la educación de personas con discapacidad, y al servicio de los docentes de cualquier institución o administración;
  2. Abra los Centros Educativos ASPACE a la realización de acciones inclusivas en centros ordinarios;
  3. Considere a los Centros Educativos ASPACE como agentes de formación y difusión de conocimiento, así como de prestación de apoyos al alumnado con discapacidad en entornos inclusivos; y
  4. Fomente y visibilice, de forma real y activa, el deporte de las personas con discapacidad, como medio de lograr un desarrollo personal pleno.

En definitiva, solicitamos reformar el sistema educativo de tal manera que se reconozca el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación de calidad que se adapte a sus necesidades, haciendo que los Centros Educativos ASPACE pasen a ser el núcleo abierto, de referencia y de conocimiento, en la adaptación de la enseñanza a las personas con discapacidad.

Fuente: Confederación ASPACE

 

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado, por sexto año consecutivo, el informe de situación de los derechos humanos y las personas con discapacidad en España correspondiente al año 2013.

Dicho documento, editado en soporte de papel, examina la calidad de los derechos de las personas con discapacidad en este país, de acuerdo al marco de protección y promoción establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas.

El CERMI señala en este informe las vulneraciones más graves o insidiosas a estos derechos, al tiempo que formula propuestas de solución o mejora y detecta buenas prácticas en el despliegue del texto jurídico internacional de la discapacidad.

Para facilitar la supervisión del cumplimiento de la Convención, este documento será remitido al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como máxima autoridad en el seguimiento mundial de la Convención.

En España se hará llegar al Gobierno, a las Cortes Generales a través de la Comisión de Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: SERVIMEDIA

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Fotografía de Torcuato RecoverSegún Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de la Federación de organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

Las personas con discapacidad intelectual también son discriminadas y vilipendiadas en la reforma del Código Penal actualmente en trámite parlamentario. La sapiencia de Torcuato Recover, como coordinador de la Red de Juristas de Feaps y miembro del Comité Ejecutivo del Cermi, es necesaria. Lo tiene claro. Si la persona con discapacidad intelectual delinque es porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción. Ni pena ni castigo. Lo dice en una entrevista publicada en 'Cermi.es semanal'.

¿De dónde cree viene el atávico prejuicio de asociar que las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual son peligrosas?

El origen está en el desconocimiento, en la desconfianza ante lo distinto, ante aquello que excede de nuestros parámetros de normalidad. A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual han sido discriminados porque se les juzgaba diferentes. No encajaban en los patrones de "lo normal" y, como consecuencia, se les juzgaba como sospechosos y se les podía atribuir cualquier conducta antisocial.

No hay estudios científicos rigurosos que evidencien que la enfermedad mental, y menos aún la discapacidad intelectual, pueda constituir un elemento que favorezca la peligrosidad. Más bien al contrario: antes son víctimas que autores de delitos.

¿Cómo podemos hacer que la sociedad deje de considerar peligrosas a estos dos colectivos?

Parece claro. Sólo la plena inclusión social, el reconocimiento de la persona con discapacidad como un ciudadano más, con plenos derechos y obligaciones, como el resto, puede superar esas diferencias, esos prejuicios.

El "controvertido" proyecto de reforma del Código Penal aprobado ya por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario sigue discriminando a las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental.

¿Qué denuncia Feaps de esta norma jurídica?

La cuestión más importante es la decisión, que es incluso defendida en la exposición de motivos, de eliminar la limitación en la duración de las medidas de seguridad y permitir que estas se prolonguen en el tiempo. Las organizaciones de atención a las personas con discapacidad intelectual, integradas en Feaps, llevan trabajando, desde hace décadas, con las personas privadas de libertad en centro penitenciarios que padecen discapacidad intelectual. Cuando se comenzaron estos programas comprobamos que en los centros penitenciarios había personas con discapacidad a las que un día un tribunal había reconocido una circunstancia atenuante o eximente y, como consecuencia, se había establecido una medida de seguridad. Y, de este modo, la falta de revisión de ésta, así como la indeterminación de su finalización supusieron dejar a aquellas personas durante años, sin establecerse límite, en el centro penitenciario, olvidados por el sistema judicial.

Al menos, el Código Penal vigente impidió ese tipo de situaciones al establecer que las medidas de seguridad no pueden tener una duración superior a la condena que hubiese correspondido de no aplicarlas, lo que ha permitido evitar aquellos errores del sistema y resultó un situación de seguridad jurídica mucho mayor que con el caso anterior que se ha expuesto. Sin embargo, la propuesta de reforma del Código Penal que se está tramitando modifica nuevamente el texto y elimina esa necesaria limitación.

Si la situación antes de la reforma ya era mala, aunque antes fuera aún peor, volveríamos a peor, ya que el nuevo texto jurídico permie el confinamiento de estas personas durante más tiempo en el caso de que un juez determine que es "peligrosa".

¿Qué hacer ante esto?

En primer lugar, hay que dejar establecido que son muchas, demasiadas, las personas con discapacidad intelectual que llegan a cumplir condenas de privación de libertad porque no se ha detectado, durante el proceso judicial, esa circunstancia personal. Y que esto ocurra ya evidencia un fracaso del sistema.

Si cuando una persona con discapacidad comete un delito y, en función de esa concreta circunstancia personal, se le aplica una medida de seguridad que puede prolongarse en el tiempo más incluso que lo que duraría la pena que se le hubiese impuesto de no existir aquella circunstancia personal, está claro que estamos ante un sistema penal erróneo, injusto, que generan una situación de discriminación que, además, está prohibida por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que, paradójicamente, ha ratificado nuestro país.

¿Qué opinión le merece esa "subjetividad" que tendrán que aplicar los jueces para decidir si una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental es "peligrosa" o no?

El concepto de "peligrosidad" ya forma parte de nuestro derecho penal moderno. Actualmente se tiene en cuenta para el acceso a beneficios penitenciarios y la psicología moderna ha elaborado distintos medios de valoración. Pero no dejaran de ser aproximativos y la decisión sobre la ponderación de ese concepto incluye criterios de valoración ciertamente subjetivos. La gravedad de un delito puede generar una valoración de peligrosidad que, a menudo, está influenciada por criterios de mera alarma social. Y todos estos no son parámetros objetivos e, incluso, impiden comprobar que la persona con enfermedad mental, por ejemplo, puede haber cometido el delito en un momento en el que sufría un brote o una crisis o una descompensación de su trastorno que puede evitarse mediante un seguimiento y un tratamiento adecuado y que, por tanto, si se realiza, carece de justificación mantener su reclusión y prolongarla por el delito que, en esas circunstancias, un día cometió.

¿Cuál puede ser la pretensión del Gobierno al ampliar el límite máximo de reclusión de estas personas con discapacidad sobre el que correspondería al delito cometido si la persona no imputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable?

No se me ocurre otro que el dar respuesta e intentar blindarse frente a situaciones de cierta alarma social. A menudo, los medios de comunicación emiten mensajes no rigurosos sobre delitos cometidos por personas que padecen alguna discapacidad o enfermedad mental y eso hace generalizable la sospecha y actualiza ese miedo atávico que considerábamos al principio, que lleva a cuestionar a los gobernantes y a exigirles medidas de mano dura contra quien, mientras dura la noticia, se pinta como una especie de enemigo de la sociedad. Pero dejarse llevar de estas presiones sociales, fácilmente manipulables y en la mayor parte de los casos superficiales, no puede generar nuevas injusticias y, menos aún, excusar situaciones de franca discriminación por razón de la discapacidad.

¿Cree que la asociación de este término a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual supone un ataque a su imagen personal y social? ¿Nos vincula quizás al imaginario colectivo con la delincuencia y la lesión de bienes sociales, perpetuando el estigma que padecen estas personas?

Sin duda. Es un retroceso en el tiempo, una visión sesgada, discriminatoria, que justifica situar al diferente como sospechoso. Una de las grandes aportaciones de la citada Convención Internacional es que deja sentada que las personas con discapacidad benefician a la propia sociedad en la que se integran. No es sólo que estas tienen derecho a integrarse sino que la sociedad tiene derecho a beneficiarse de esa integración. Por tanto, toda actuación que justifique medidas diferentes, segregadoras o discriminatorias es contraria a ese básico derecho. Y, desde luego, no sólo nos hace retroceder en el tiempo sino que justifica una situación de discriminación inadmisible: dos personas pueden cometer el mismo delito, y, por tanto, les debe corresponder la misma o similar pena, pero, resulta que si una de ellas padece una discapacidad intelectual o enfermedad mental que, valorada por el tribunal, genera una medida de seguridad, que suponga privación de libertad, en lugar de una pena, la persona con discapacidad puede sufrir un tiempo de privación de libertad mucho mayor que quien no tiene esa circunstancia. Y esto, desde un planteamiento de derechos humanos básicos, es inadmisible.

Lo que está ocurriendo parece rememorar la vieja ley del 33 de 'vagos y maleantes'. "Vagos, maleantes y peligrosos", dice Luis Cayo Pérez Bueno. La discapacidad está siendo criminalizada", ¿no le parece?

En cuanto que el nuevo marco legal, que resultaría de la reforma planteada, permite una situación como la expuesta más arriba. Efectivamente, está claro que se está criminalizando la propia discapacidad. O, si se quiere ser más riguroso, que esta prevé una respuesta penal de más perniciosa, más dura.

Por el contrario, una política criminalista adecuada debería tener en cuenta que cuando la persona con discapacidad intelectual comete un hecho delictivo lo es bien porque ha estado siempre fuera del sistema, no ha recibido los servicios y atención que hubiese precisado su dolencia o porque es utilizada por otras personas para perpetrar un hecho delictivo. Nuestra experiencia de décadas en los programas de atención a reclusos nos permiten conocer que se trata de personas que han sido orillados, excluidos, primero del sistema educativo y después del sistema de atención o de servicios sociales hasta caer en situaciones marginales en las que son fácilmente manipulados. Pero la conciencia de esa situación debe propiciar la mejora de los sistemas de integración y de atención, no a penalizar con mayor rigor la discapacidad.

¿Qué hará Feaps en el caso de que se mantenga la reforma del Código Penal en trámite parlamentario?

En primer lugar, venimos intentando, con el Cermi, transmitir al Gobierno, y ahora a los grupos políticos parlamentarios, que en ese aspecto concreto la propuesta de reforma es injusta. Aunque una sola persona se vea privada de su libertad más tiempo del que, en justicia y conforme a la ley, le correspondería si el mismo hecho hubiese sido cometido por cualquier otro ciudadano, constituye una grave injusticia y evidenciará la improcedencia de la reforma.

Hemos participado en toda clase de reuniones al respecto, recabado la opinión de académicos, etc. Y no cejaremos mientras haya esperanza de modificar la propuesta de reforma del Código Penal en este aspecto.

Después, si el Parlamento lo aprueba y entra en vigor en los términos anunciados en el actual Proyecto, denunciaremos la discriminación que ello supone contra las personas con discapacidad intelectual ante el Comité de Derechos de la Convención, en Naciones Unidas, y haremos todo lo posible para modificarlo. Y, en cualquier caso, seguiremos prestando atención a las personas con discapacidad intelectual que acaban en centros penitenciarios, intentando ayudarles a mejorar sus vidas, a restañar las heridas que les habrá producido el sistema y a realizar su propio proyecto de vida.

¿Qué ventaja tendría el Gobierno en caso de continuar con la reforma según está y cuál o cuáles de modificarla?

La ventaja que puede obtener el gobierno con esta reforma, en ese concreto punto, es la de ofrecerle a la opinión pública la aparente seguridad de la reclusión de una persona con discapacidad que haya cometido un delito. Se trata de una especie de garantía de tranquilidad, aumentando, injustamente, la reclusión de personas que aquella opinión pública pueda considerar sospechosas, peligrosas.

Pero no es esta la superior obligación de un gobierno en cuanto a política criminal. La mejor legitimación de un gobierno en este aspecto es abordar políticas de prevención, establecer cauces de información, asesoramiento y atención cuando se detecta una discapacidad. Si la persona cuenta, desde el primer momento, con los apoyos precisos tendrá ante sí una propuesta de vida más rica y alejada de los circuitos de la delincuencia. Y ahí es donde deben garantizar los gobiernos que haya respuestas.

Y si la persona con discapacidad delinque (y en tal caso nuestra experiencia indica que mayoritariamente se trata de delitos menores) porque su limitación cognitiva no le ha permitido conocer el valor de su acción, entonces es obvio que tampoco procede un castigo, una pena, sino un sistema de ayuda, de apoyo.

Fuente: servimedia


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NO HAY CIUDADANÍA SI LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO ES REAL

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Manifiesto del CERMI Estatal con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad – 3 de diciembre de 2013

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En el Año Europeo de la Ciudadanía 2013

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El movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español del Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) afirma con vigor que no habrá ciudadanía europea si la Unión y sus Estados miembro no garantizan una condiciones básicas de igualdad y no discriminación para que la participación en la comunidad de las personas con discapacidad y sus familias sea real y efectiva.

En el Año Europeo de la Ciudadanía, el CERMI recuerda que los casi 100 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea no tienen asegurados los derechos humanos y la libertades fundamentales que forman parte del acervo irrenunciable de las sociedades democráticas avanzadas, horizonte al que deben aspirar todos los países europeos, incluida España.   

Derechos tan esenciales como el de sufragio, el de igualdad plena ante la ley, el de no discriminación, el de libertad personal, el de integridad física, el de libre desplazamiento y el de expresión y comunicación, entre otros muchos, no están garantizados para las personas con discapacidad que residen en el territorio de la Unión Europea, que se enfrentan día a día con múltiples y crecientes obstáculos y restricciones para ejercer su completa condición de ciudadanos y ciudadanos.

La situación de las mujeres y hombres con discapacidad se agrava aún más desde la perspectiva de los derechos sociales y económicos, pues en este ámbito son un grupo de población especialmente expuesto a la pobreza y a la exclusión social, lo que supone un negación a la participación, a la autonomía personal, a la vida independiente y al ejercicio regular de la ciudadanía nacional y europea.

La virulenta crisis económica que padece Europa y en particular España desde hace unos años y las consiguientes políticas de austeridad seguidas por los distintos gobiernos, están teniendo efectos devastadores para la participación, la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, que están viendo retrasada y hasta aplazada su incorporación a una vida social activa, alejándolas así del estatuto de ciudadanía a que tienen derecho como unos miembros más de la familia humana, a la que aportan el valor intrínseco de la diversidad.

Incluso dentro del propio grupo social de las personas con discapacidad, la situación de partida no es idéntica en cuanto a su acceso a una completa ciudadanía, siendo las mujeres y las niñas con discapacidad y las madres asistentes de personas con discapacidad, por la concurrencia de los factores de severa exclusión que aún suponen el género y la discapacidad, un sector intensamente expoliado del ejercicio de sus derechos humanos.

La ciudadanía nacional y europea no se alcanzará en plenitud para las mujeres y hombres con discapacidad si mediante las leyes y las políticas, así como mediante una toma de conciencia generalizada por parte de la comunidad toda, no se generan condiciones legales, políticas y de actitud social que aseguren un entorno de inclusión y de derechos en el que la participación de las personas con discapacidad sea una realidad que no admita dudas. 

3 de diciembre de 2013.

Fuente: CERMI

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cartel del día del DCA 2103Se estima que 420.000 personas vivimos hoy en España con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Somos personas que, de repente, hemos visto interrumpido nuestro proyecto de vida por una lesión en el cerebro que tiene como origen un ictus, un traumatismo, craneoencefálico, un tumor u otras causas. Sea cual sea la causa, la consecuencia es siempre la misma: vivir con daño cerebral.

Teniendo en cuenta que el cerebro controla todas las funciones vitales vivir con DCA supone vivir  con alteraciones de la conciencia, de  la movilidad, de la comunicación, de los sentidos, de la memoria, de la atención, de las emociones, de la personalidad.... Estas alteraciones nos dificultan la realización de actividades de la vida diaria.

La variedad y la mezcla de estas secuelas, unido a la forma repentina y brusca en que aparece la lesión y el impacto que produce en la familia, es lo que nos convierte en un colectivo específico con necesidades de tratamiento especializado para rehacer nuestro proyecto de vida.

Las personas con Daño Cerebral Adquirido somos sujetos de derechos en lo que tiene que ver con nuestra salud (como pacientes) y también en lo que se refiere a nuestra inclusión social como personas con discapacidad. Estos derechos, aunque están formalmente reconocidos en nuestra legislación, son muchas veces  ignorados y otras aplicados de manera deficiente.

En nuestra lucha diaria por recobrar la autonomía, nos encontramos que, de manera habitual, al recibir el alta hospitalaria se interrumpe el proceso de rehabiltación especializada lo que impide avanzar en nuestra autonomía y aumenta las barreras para la inclusión social.

En estas circunstancias la familia se convierte en el principal o único apoyo para nuestra supervivencia. Pero, como nosotros, la familia tampoco está preparada para esta nueva situación, ni le corresponde Esta situación supera, a veces, su capacidad de resistencia provocando situaciones de ruptura y exclusión social.

Observamos como determinados ajustes repercuten de manera muy desfavorable en nuestra vida condicionando nuestros derechos, en algún caso, recién estrenados. Los recortes aplicados en sanidad  y servicios sociales no contribuirán a salir de la crisis si es a costa de agravar y cronificar nuestra desprotección.

Este 26 de octubre, día nacional del daño cerebral adquirido, junto a nuestras familias y las organizaciones que nos representan reivindicamos nuestros derechos de plena ciudadanía y reclamamos los medios y apoyos necesarios para una integración social efectiva.

Nos dirigimos de manera especial a las Administraciones Publicas para que desde sus distintos ámbitos de responsabilidad  hagan posible:

  1. Que el Sistema Sanitario garantice la continuidad asistencial. Facilitando a las personas con DCA el tratamiento rehabilitador especializado que sea necesario.
  1. La implantación de un plan de atención al DCA, que defina con claridad los modelos de recursos, los protocolos de derivación y las necesidades a nivel territorial.
  1. Establecimiento de la figura del gestor de casos que oriente a las personas con DCA y a las familias hacia   los recursos y servicios mas indicados en las distintas etapas de la evolución.
  1. La activación de los recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas con DCA.
  1. La eliminación de barreras que facilite la participación social de las personas con discapacidad por DCA, en los términos establecidos por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por el Gobierno de España.

A través de  La Federación Española de Daño Cerebral y las organizaciones del movimiento asociativo DCA, reiteramos  nuestra voluntad de colaboración a las Administraciones  Públicas y agradecemos la solidaridad de las organizaciones de la discapacidad y el esfuerzo y dedicación de los profesionales que trabajan cada día para hacer realidad nuestro lema: UNA VIDA SALVADA MERECE SER VIVIDA.

Fuente: FEDACE

 

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Logo del CursoLa Fundación Eguía Careaga - SIIS Centro de Documentación y Estudios organiza, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, el encuentro "Personas con discapacidad, ciudadanas de pleno derecho: de la Convención a la práctica real" entre los días 22 y 24 de Julio. 

Este encuentro pretende analizar de qué forma se está aplicando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y plantear una reflexión que aporte ideas, instrumentos y herramientas que, en línea con ella, faciliten la igualdad real y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Para ello, se abordarán algunos temas clave en el análisis del fenómeno de la discapacidad en la actualidad, como la vida independiente y la autonomía personal, la inclusión social (especialmente en el ámbito laboral), la ciudadanía plena o la igualdad en la diversidad, contando con diferentes perspectivas procedentes del ámbito académico, profesional y asociativo

En el siguiente enlace puede ver el programa, en el que se detallan los participantes en conferencias y mesas redondas: http://bit.ly/ZQTfB9

La preinscripción ha de realizarse antes del 27 de mayo. Para más información sobre matrícula: http://bit.ly/18cWgMY

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