Esta mañana dentro de la celebración del Día de la Región, se han entregado en Castilla -La Mancha las Placas de Reconocimiento al Mérito Regional a Carmen Cabellos y Miguel Pereira de la Asociación Daño Cerebral ADACE-CLM.

Miguel Pereyra ha sido subdirector del Hospital Nacional de Parapléjicos y jefe de accesibilidad de la Fundación Once. Tiene la Medalla al Trabajo del Gobierno de España. Carmen Cabellos ha sido directora del Imserso en Toledo y coordinadora de la Inspección en la Consejería de Salud y Bienestar Social. También ha sido galardonada con el premio de la Infanta Cristina del Imserso.

A raíz de un accidente que provocó daño cerebral a uno de sus hijos, fundaron la “Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha”, situándola en muy pocos años al mejor nivel de España.

Carmen y Miguel llevan toda una vida dedicados a trabajar por y para este colectivo con una misión muy clara: mejorar la calidad de vida de las personas afectadas en Castilla-La Mancha y de sus familias, a través de una atención profesional, integradora y participativa, haciendo especial hincapié en la defensa de sus derechos.

Trabajan en toda la Comunidad Autónoma, formando una entidad de más de 800 personas. Cuentan con Centros de Ocio Terapéutico y Atención Prelaboral y desarrollan diversos programas de atención a este colectivo.

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El Correo (11/05/2011)
Es un hecho científicamente probado que las personas con discapacidad intelectual envejecen con mayor celeridad. Se estima que de media tienen ocho enfermedades o síndromes diferentes asociadas a su realidad y que los síntomas de este deterioro prematuro comienzan a los 50 años. ¿Qué ocurre entonces con la vida laboral y ocupacional de estas personas?¿Tienen que renunciar a ella y quedarse en casa?

Lantegi Batuak, BBK y Diputación Foral de Bizkaia han presentado una investigación "pionera" -en palabras del director de la Obra Social de la BBK, Jorge Morquecho- que plantea no solo las consecuencias de este fenómeno, sino que también aporta soluciones y propuestas a medio plazo.

En el estudio, publicado bajo el nombre, 'Envejecimiento y deterioro de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito ocupacional y del empleo en Bizkaia', se ofrecen numerosos datos de interés:

- En cinco años se ha duplicado el número de personas con discapacidad intelectual en el Serivicio Ocupacional de mayores de 40 años.

- En cinco años ha aumentado en un 7% el número de personas con discapacidad intelectual en el Centro Especial de empleo, mayor de 40 añoa.

Impacto Social
Según el director de Lantegi Batuak, Txema Franco, esta franja de edad seguirá creciendo a medio y largo plazo y tendrá "un alto impacto" en los centros especiales de empleo. "Con este estudio queremos evitar la pérdida de puestos de trabajo en personas que quieren seguir realizando su labor en las empresas, pero también asegurarles el mayor nivel de actividad posible en los centros ocupacionales". En ese sentido, las propuestas pasan por "flexibilizar los servicios y crear combinados, además de diseñar una nueva estrategia en los servicios de apoyos individuales".

Flexibilizar servicios
Otro de los autores de la investigacion, el director de Alter Civites, Víctor Bayarri, consideró que "para responder adecuadamente hay que permitir, por ejemplo, que se pueda compatibilizar la asistencia a un centro de día y a un centro ocupacional o a un centro especial de empleo. Esto es inviable actualmente y las familias se ven obligadas a elegir algo que no soluciona las necesidades de la persona con discapacidad intelectual".

Otra de las necesidades importantes es "garantizar a las personas con discapacidad intelectual al menos la renta de garantía de ingresos sea cual sea su situación laboral o de actividad". Lantegi Batuak apuesta también porque se actualicen, revisen y mejoren las valoraciones sobre dependencia, incapacidad permanente y jubilaciones anticipadas.

Financiación necesaria
La financiación tiene un espacio importante en este estudio. Los autores del mismo abogan porque exista "una financiación estable y suficiente" para hacer frente a este nuevo sistema de apoyos.

El director de Lantegi Batuak desveló que una de las situaciones más habituales es que el envejecimiento traiga aparejado una dificultad o incapacidad de usar el transporte público. En ese sentido, "el transporte no está contemplado como servicio ocupacional y es una de las soluciones que planteamos. Para ello, necesitamos financiación". Txema Franco también adelantó que la organización de un nuevo sistema de apoyos hará necesario "una redimensión de los ratios de atención de los profesionales de apoyo".
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"Juegos para todos. El arte de animar actividades lúdicas" este es el título del reciente libro de Luis Miguel Bascones, sociólogo, monitor de risoterapia, aficionado a la escritura. Autor del libro "Juegos para la animación de ambientes", del cual el presente es edición corregida y aumentada, a partir de un cambio en enfoque. Por accidente, Luis Bascones vio severamente limitada su movilidad física. Redescubrir el sentido lúdico, en situaciones adversas, supuso un punto de giro en el camino.

"Convertirse en ratón, en gato, en indio acechador o en escultura grupal... los juegos con su magia aportan una de las experiencias humanas más ricas. Contribuyen a lograr objetivos como el desarrollo físico, cognitivo y emocional, y a cultivar también valores, además de habilidades sociales básicas, como la participación por turnos. En "Juegos para Todos" se apuesta por la adaptación de juegos a la medida de los participantes del grupo, con su diversidad.

El libro se articula en dos amplias secciones: la primera ofrece una metodología para la animación lúdica. La segunda presenta un repertorio de juegos, de aire libre y de interior, basados en la práctica del autor y de diferentes grupos en los que ha participado en el viaje de vida."

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Miércoles, 13 de Abril de 2011 12:07

La discapacidad en Ceuta y Melilla

La Revista cermi.es publica, en su último número, un reportaje sobre la discapacidad en Ceuta y Melilla. El CERMI ha promovido un estudio sobre la situación y las necesidades de la población con discapacidad en estas dos Ciudades Autónomas. El reportaje presenta algunos de los principales resultados del mismo. Agustín Huete, Director de InterSocial y co-autor del estudio reflexiona acerca de las particularidades de Ceuta y Melilla respecto a la atención a las personas con discapacidad.
 
Cuando la singularidad condiciona
 
 
La discapacidad en Ceuta y Melilla
 
cermi.es MARZO / ABRIL 2011

El tamaño reducido de sus territorios, su ubicación, su cultura y otros aspectos sociales y económicos, condicionan la forma de vida de Ceuta y Melilla y propician que ambos sean los territorios con las más altas tasas de población con discapacidad en España. Las personas con discapacidad se enfrentan así con dificultades extraordinarias, principalmente relacionadas con la asistencia sanitaria, la educación y el empleo.

Así queda constatado en el estudio que el CERMI ha promovido, “Estudio sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla”, realizado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad durante el año 2010. Se trata del primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, algo que resulta esencial en el diseño de políticas que pretendan mejorar el entorno y las condiciones de vida de este grupo social. Los principales resultados del estudio destacan que “el enclave geográfico, la alta densidad de población de un territorio de pequeña extensión, la presión de la población flotante demandante de servicios y la falta de recursos de atención específica a la discapacidad hacen que exista tanto en Ceuta como en Melilla una gran competencia por el acceso a los recursos sociales (educativos, sanitarios, formativos, laborales…) relacionados específicamente con la discapacidad”. Pero hay otro factor que condiciona también la vida diaria de estas personas, se trata del marco competencial de las Administraciones Públicas en Ceuta y Melilla. Ambas Ciudades Autónomas cuentan con un estatuto que no les confiere competencias sobre servicios básicos: educación, sanidad, servicios sociales y autonomía personal y dependencia entre ellos, ni capacidad legislativa. Por ello, el resultado es un marco legal menos complejo, pero también escaso a veces, que limita notablemente la capacidad de autogobierno, el desarrollo normativo y la gestión de servicios relacionados con el bienestar.

Empezar por la educación

El estudio reconoce los problemas que hay en el sistema educativo: “Se favorece excesivamente la derivación de alumnos con discapacidad a los Centros de Educación Especial”. En este sentido, la inclusión educativa en ambas ciudades es relativamente efectiva en los primeros niveles, pero tiene grandes dificultades a partir de la educación secundaria. Según Agustín García Huete, sociólogo y director del estudio, las principales dificultades se deben a las limitaciones de recursos, sobre todo a aquellos relacionados con la escasa construcción de nuevas infraestructuras. Y en este aspecto coincide con la presidenta del CERMI Melilla, Pilar Pérez Bermúdez, quien afirma que en Melila hay un gran número de centros educativos, pero pocos realmente adaptados. Y explica este problema y otros que acechan a la base de la formación de toda persona: “Hay miedo al coste económico que pueda ocasionar la adaptación de los centros, ya que suele implicar una inversión importante. Pero hay otro tema que destacar, y es cierta ignorancia por parte de los educadores sobre discapacidad, lo que provoca que cojan miedo a que haya niños de integración en los colegios porque piensan que eso podría retrasar el nivel del resto de alumnos. Falta mucha sensibilización. Los padres de algunos niños sin discapacidad expresan, a veces, el miedo a que sus hijos bajen de nivel por tener un compañero con discapacidad o que ellos tengan que pagar más dinero para costear los gastos. Debería haber un compromiso mayor por parte del Ministerio de Educación en cuanto a lo que es la verdadera inclusión y esto debería acometerse a través de la formación y la información. La información es básica para quitar el miedo, pero la formación también es fundamental”. Los problemas son similares en Ceuta, tal y como expresa Mercedes Medina, presidenta del CERMI Ceuta: “En materia educativa, existen colegios específicos para algún tipo de discapacidad, apoyos específicos para personas con discapacidad auditiva, pero la inclusión de los estudiantes con discapacidad es bastante regular y aquí el fracaso escolar en general es muy elevado y en el caso del sector de la discapacidad también”. Para Agustín García Huete, al igual que ocurre en la atención sanitaria, la dotación de recursos educativos es adecuada para atender a una población del tamaño de estos municipios, pero las necesidades de la población son extraordinarias, hecho por el que los recursos se revelan escasos. Y añade: “Los recursos dedicados a la escolarización de alumnado con necesidades especiales (entre los que se cuentan alumnos con discapacidad, entre otros con especiales dificultades para la escolarización) se encuentran muy presionados fundamentalmente por las necesidades de atención a niños de origen extranjero con grandes dificultades idiomáticas, lo cual puede repercutir indirectamente en la escolarización de los alumnos con discapacidad”.

Problemas con la sanidad

El otro aspecto que destaca el estudio por las graves consecuencias en la atención a las personas con discapacidad es el sanitario. En Ceuta y Melilla, las personas con discapacidad se ven perjudicadas con más frecuencia e intensidad por la falta de recursos especializados y la necesidad de desplazarse fuera de su ciudad para recibir atención sanitaria adecuada. Según García Huete: “La oferta de especialidades en atención sanitaria, aunque es amplia, determina la necesidad frecuente de acceso a pruebas, hospitalización u otras intervenciones en recursos de la Península, lo cual obliga a las familias a realizar un esfuerzo extraordinario para acompañar a sus familiares en esas situaciones. Esto es especialmente evidente en familias de niños con discapacidad y en familias de personas con enfermedad mental”. Melilla se encuentra casi a 600 kilómetros de distancia de Ceuta. “Parece que estamos cerca”, afirma Pilar Pérez Bermúdez, pero es una gran distancia. Una vez más, la situación geográfica pesa, pero más para aquellos que presentan una discapacidad. “Carecemos de especialistas y tenemos un hospital comarcal que está desbordado, ya que atiende a la ciudad de Melilla y a la ciudad cercana de Nador, que pertenece a Marruecos, y eso hace que tengamos que desplazarnos a la Península. Y aunque suele haber ayuda por parte de los servicios sociales de la ciudad, entendemos que no son las fórmulas más adecuadas. El primer vuelo hacia la ciudad de Málaga y el último vuelo de vuelta van absolutamente llenos con las personas que van a hacerse pruebas. Hay veces en las que pueden ir y volver en el día, pero en otras ocasiones se ven obligados a hacer noche y esto supone otro gasto económico añadido. Por su parte, los médicos del hospital comarcal tienen muy buena intención y hacen todo lo que pueden, pero tampoco son especialistas en discapacidad, así que no tienen recursos para tratarnos”. En el caso de Ceuta, la situación no parece ser tan grave, ya que en los últimos tiempos se han ido incorporando nuevos especialistas, pero sigue habiendo problemas. Así lo cuenta Mercedes Medina: “En el aspecto sanitario, cada vez tenemos más cosas, aunque nos gustaría que hubiera de todo, pero entendemos que hay muchas ciudades en España que tampoco tienen de todo, pero la diferencia es que nosotros tenemos que coger el barco para llegar a esos médicos. Y en cuanto a los barcos, hay de distintos tipos y algunos son accesibles y otros no, de tal forma que una persona con movilidad reducida o en silla de ruedas tiene que seleccionar previamente el modelo de barco para acceder a él o no”.

Autonomía Personal y centros de día

Si hay algo en lo que no parecen estar en desventaja estas dos ciudades es en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal. Según el estudio, Ceuta y Melilla son los territorios más eficaces de España en el procedimiento de tramitación de solicitudes relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, la cobertura de servicios relacionados con el SAAD es escasa en los recursos de atención de día y servicios residenciales, especialmente en Ceuta. Además, el 77,2 por ciento de las prestaciones concedidas en Ceuta y el 61,5 por ciento en Melilla, son de tipo económico, siendo minoritarias las prestaciones en forma de servicios de apoyo. A juicio del sociólogo García Huete: “El perfil de las prestaciones es fundamentalmente de tipo económico, seguramente por la dificultad de encontrar prestaciones en forma de servicios de apoyo, también dadas las especiales dificultades de acceso al empleo”.

En el caso de los centros de día y las residencias, para Melilla supone un grave problema pues carece de ellas y los usuarios deben trasladarse a la Península. Así lo explica Pilar Pérez Bermúdez: “Se va a construir un centro para personas con discapacidad física, que va a ser centro de día y residencia para grandes dependientes, pero hasta ahora, la solución es trasladar a estas personas a centros de la Península provocando un sentimiento de desarraigo importante, porque su familia no puede desplazarse regularmente a visitarles. Este centro surgiría para paliar y subsanar este desarraigo, y va con retraso, pero la obra está ahí y confiamos en que puedan finalizarla pronto.” En otros casos, las personas con gran dependencia han querido volver a sus casas pero no han podido porque no tienen las adaptaciones suficientes para entrar en ellas, puesto que no son accesibles.

En Ceuta, el problema en este sentido es también acuciante. Lo cuenta Mercedes Medina: “No existen centros de día para personas con discapacidad y nuestra petición desde hace años ha sido que se construya un centro o residencia para personas con discapacidades sensoriales o intelectuales. Además, a las personas con enfermedad mental grave se las interna fuera de Ceuta, y no es la solución que queremos”.
 
Empleo y más
Según los datos de la Encuesta de la Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), la tasa de actividad de las personas con discapacidad era del 13,8 por ciento en Ceuta y del 21,5 por ciento en Melilla, ambas lejos de la tasa para la población con discapacidad en España (35,5 por ciento) y, a su vez, muy lejos de la población general (74,87 por ciento). De igual forma, las tasas de paro para la población con discapacidad eran un 34,8 por ciento en Ceuta, un 23,2 por ciento en Melilla y un 20,9 por ciento en España, en 2008, antes de la crisis económica. Según el experto y autor del estudio: “Ceuta y Melilla son municipios con un mercado laboral limitado, muy dependiente del sector servicios y de la administración pública, que es el principal motor económico. La iniciativa más llamativa de generación de empleo para grupos en riesgo de exclusión, denominada ‘Planes Especiales de Empleo’ genera una cantidad considerable de oportunidades de empleo que repercuten directa e indirectamente en la población con discapacidad, pero tiene algunos efectos negativos sobre la estabilidad laboral y la estimulación de la búsqueda de empleo en otras parcelas.

Existe, además, un gran margen de mejora en los sistemas de formación para el empleo que forman parte de las políticas activas de empleo dependientes del Servicio Público de Empleo, sobre todo en lo concerniente a accesibilidad de las actividades formativas”. Y como últimos apuntes, aunque no por ello de escasa importancia, se detectan, por un lado, en ambas ciudades, grandes barreras arquitectónicas y problemas de accesibilidad, “muchos problemas de accesibilidad”, según la presidente del CERMI Ceuta. Y por otro, según García Huete, existen necesidades de mejora del tejido asociativo de apoyo a personas con enfermedad mental en ambas ciudades, en Melilla, además ,de personas con discapacidad física.

Si bien, apunta también el experto: “El movimiento asociativo de Ceuta y Melilla cuenta en general con algunas ventajas comparativas respecto al de otros territorios en España. Uno de ellos es la cercanía y familiaridad que el tamaño pequeño de los municipios permite para afrontar cualquier tipo de necesidad, establecer alianzas y la negociación con las administraciones. Es también destacable, aunque con excepciones, que el movimiento asociativo no ha generado grandes estructuras especializadas. Ambos factores les sitúan en una posición ventajosa para promocionar el uso de los recursos comunitarios de forma prioritaria”.
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Europa Press (31/03/2011)

Los grupos del Congreso han acordado mejorar la adaptación de la normativa española a la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad al proceso de tramitación de enmiendas parciales. Con ese fin, el PP ha retirado del debate plenario de este jueves su enmienda a la totalidad con texto alternativo, al presentado por el Gobierno, en aras de un "mayor consenso" parlamentario así como de "eficacia".

El diputado que ha defendido el texto alternativo del PP, Francisco Vañó, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que todas las formaciones políticas han considerado que el mejor procedimiento para tramitar esta adaptación no era en un texto alternativo al Gobierno sino el trámite de enmiendas.

"No quería destacarme. Se trata de eficacia para las personas con discapacidad y en aras de la misma y del consenso", ha reiterado el diputado 'popular'. En este sentido, ha subrayado su petición al PSOE porque tenga "altura de miras" a la hora de ampliar su texto y mejorar sus "carencias".
 
Así, ha argumentado que el texto alternativo del Gobierno plantea la modificación de 11 normativas, mientras que el suyo lo amplía a 22, "es más ambicioso" porque considera que la discapacidad afecta a cerca de cuatro millones de españoles que todavía no tienen resueltos sus probleas.


Más información: Diario de Sesiones http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_227.PDF

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Viernes, 18 de Marzo de 2011 12:44

Educando en la diversidad

 
 
 
 
 

Con motivo del X aniversario del Colegio Tres Olivos, la Fundación Dales la Palabra junto con la Asociación Entender y Hablar, ha organizado un Congreso titulado: "Hablar de educar de la atención temprana a la inserción laboral: educando desde la diversidad" para los días 8 y 9 de Abril de 2011, en el salón de actos del CaixaForum, en Madrid.

 
El programa del Congreso se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.colegiotresolivos.org/images/pdfs/programa%20congreso.pdf

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Viernes, 11 de Marzo de 2011 20:18

Premios Discapnet 2011

La Princesa de Asturias y el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, hicieron entrega este 10 de marzo de 2011 de la primera edición de los Premios Discapnet a varias iniciativas en las que las nuevas tecnologías mejoran la vida cotidiana de personas con discapacidad, como la inclusión escolar de una niña con discapacidad severa con sólo ocho años en su colegio de Meaño (Pontevedra) o la iniciativa de Fundación Vodafone para que las personas con discapacidad accedan a la información de los medicamentos. También han recibido galardón “la Caixa”, Renfe Operadora-Adif y Repsol YPF-Fundación Repsol.

El proyecto “Medicamento Accesible”, desarrollado por Fundación Vodafone España, ha sido reconocido como la mejor iniciativa para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la categoría de accesibilidad TIC.

En este caso, el jurado ha destacado que se trata de una iniciativa que aprovecha, con bajo coste, los dispositivos móviles y el acceso a la Web para ofrecer una aplicación que permite disponer de la información relevante sobre el medicamento de un modo accesible. Su alta aceptación por parte de los usuarios y la facilidad de su implantación, han sido otros de los criterios subrayados. El “medicamento accesible” permitirá a un ciego o a una persona con discapacidad motriz severa, consultar en su móvil adaptado el contenido del prospecto o la fecha de caducidad, de forma completamente accesible y en tiempo real, con tan sólo captar con su cámara un código de barras específico similar al que imprime el fabricante en la caja.

Por otra parte, las empresas o entidades que más han destacado por su labor en materia de mejora de la accesibilidad TIC han sido “la Caixa”, reconocida por su compromiso continuado con la accesibilidad, y el Colegio de Educación Infantil y Primaria “As Covas” del municipio pontevedrés de Meaño, por su proyecto de investigación en el uso de las TIC en la enseñanza.

El compromiso de la Caixa se traduce, por ejemplo, en que el 85 % de sus oficinas son accesibles y el 60% de los cajeros automáticos de su red incorporan prestaciones de accesibilidad como alto contraste, videos informativos en lengua de signos, opciones guiadas por voz para personas ciegas y menús fáciles.

El Colegio “As Covas” ha llevado a cabo adaptaciones informáticas y autoaprendizaje del profesorado, que se inició tras la incorporación al centro de una alumna con necesidades educativas especiales, y que constituye un ejemplo de creatividad, de compromiso con la accesibilidad y de enseñanza integrada.

Renfe-ADIF y Repsol, Premios al Compromiso con las personas con discapacidad.
Por último, el jurado de los Premios Discapnet ha concedido dos galardones al Compromiso con las Personas con Discapacidad: Al trabajo continuado desarrollado por Renfe Operadora junto con Adif, por su alto compromiso con la mejora de la accesibilidad en el transporte ferroviario, y a Repsol YPF-Fundación Repsol, por la labor que viene realizando en favor de la integración de las personas con discapacidad.

El jurado ha valorado el gran esfuerzo de coordinación realizado por Renfe y Adif que, de forma conjunta y unitaria han sabido mejorar la experiencia de los viajeros con discapacidad que utilizan el sistema ferroviario español, algo que se ha manifestado en actuaciones como la puesta en marcha de los servicios Atendo y Dialoga y las inversiones para la adaptación de infraestructuras y material móvil.

En el caso de Repsol YPF y su Fundación se ha valorado la integración de personas con discapacidad en su plantilla, facilitando la formación necesaria, así como la sensibilización del resto de los empleados y la adaptación de sus estaciones de servicio.

Fuente: http://premios.discapnet.es/index.html

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Este es el título de la tesis doctoral de Clarisa Ramos Feijoo, amiga y colaboradora de InterSocial, presentada recientemente en la Universidad de Alicante. En dicha Tesis, Ramos Feijoo aborda la problemática de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito penal penitenciario, analizando las características de esta población, a través del estudio de los procesos de exclusión e integración (personal, familiar y social). La investigación, de ámbito nacional, aporta evidencias y propuestas sobre los ámbitos en los que las redes de apoyo primarias y secundarias pueden contribuir a la integración social, así como los elementos a tener presentes para evitar las situaciones de delito y encarcelación, máxima expresión de la exclusión social.

Ramos Feijoo destaca el incremento de la población con discapacidad intelectual en las cárceles, aspecto sobre el que afirma que se deriva del retroceso de los sistemas de protección social. Ello provoca el avance de los sistemas de control (prisonfare), teniendo que ver estos sistemas con cuestiones de incapacidad en la gestión de los casos más conflictivos.

La tesis doctoral abre diferentes caminos hasta el momento no trabajados sobre la relación entre la pobreza, discapacidad intelectual, los sistemas de protección social y el sistema penal penitenciario.

Una forma de prevenir que personas con discapacidad intelectual integren los penales tiene relación directa con una adecuada detección de las situaciones de riesgo en que se encuentran las personas de estos colectivos. Faltan, o no están suficientemente aprovechados los dispositivos socio-sanitarios que contribuyan a la integración social efectiva de las personas con discapacidad intelectual que puedan presentar perfiles conflictivos. Según los directores de la tesis, los doctores Miguel A. Mateo (UA) y Demetrio Casado, desde la necesaria multidisciplinariedad de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social, la tesis aborda de manera sistemática, diferentes aspectos sobre la importancia de coordinar iniciativas y experiencias desarrolladas en los procesos de integración de las personas con discapacidad intelectual, tanto por parte de los Servicios Sociales y de salud, como del tercer sector, a través de sistema de gestión de casos.

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Este estudio, realizado por InterSocial para el CERMI, constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, que encabezan los territorios con mayor tasa de población con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado un documento en el que se recoge un extracto de los principales resultados del Estudio sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El estudio, promovido por el CERMI y realizado por Intersocial durante el año 2010, ha contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad) .

Este estudio constituye un primer acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla, sus características sociodemográficas, dificultades, acceso al empleo y la educación, apoyo familiar, ayudas, discriminación... Para su elaboración, se ha contado con la colaboración de las personas con discapacidad y sus familias, las entidades públicas y privadas de representación y apoyo, organizadas en torno a los CERMIS de esas ciudades, así como de la administración local y estatal.

Según el CERMI, el conocimiento de la situación de las personas con discapacidad en Ceuta y Melilla resulta “esencial” en el diseño de las políticas que pretenden mejorar el entorno y las condiciones de vida de este grupo social y sus familias, “sobre todo, si se tiene en cuenta que ambas ciudades autónomas encabezan los territorios con mayor tasa de población con discapacidad: Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%), Galicia (11,3%), Extremadura (11%), Castilla y León (10,9%) y Asturias (10,4%).

Los principales resultados del estudio destacan que “el enclave geográfico, la alta densidad de población de un territorio de pequeña extensión, la presión de la población flotante demandante de servicios y la falta de recursos de atención específica a la discapacidad hacen que exista tanto en Ceuta como en Melilla una gran competencia por el acceso a los recursos sociales (educativos, sanitarios, formativos, laborales…) relacionados específicamente con la discapacidad”.

En este sentido, el marco competencial de las Administraciones Públicas en Ceuta y Melilla es un elemento diferencial clave, ya que ambas Ciudades Autónomas cuentan con un estatuto que no les confiere competencias sobre servicios básicos: educación, sanidad, servicios sociales y autonomía personal y dependencia entre ellos, ni capacidad legislativa.

Por ello, el resultado es un marco legal menos complejo, pero también escaso a veces, que limita notablemente la capacidad de autogobierno de ambas ciudades, el desarrollo normativo y la gestión de servicios relacionados con el bienestar.

En el ámbito de la educación, en lo relacionado específicamente con alumnos con discapacidad, “en un contexto de gran presión para los recursos educativos”, el estudio destaca que “se favorece excesivamente la derivación de alumnos con discapacidad a los Centros de Educación Especial”. En este sentido, la inclusión educativa en ambas ciudades es relativamente efectiva en los primeros niveles, pero tiene grandes dificultades a partir de la educación secundaria.

Según los datos de la Encuesta de la Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), “la tasa de actividad de las personas con discapacidad era del 13,8% en Ceuta y del 21,5% en Melilla, ambas lejos de la tasa para la población con discapacidad en España (35,5%) y, a su vez, muy lejos de la población general (74,87%). De igual forma, destaca que “las tasas de paro para la población con discapacidad eran un 34,8% en Ceuta, un 23,2% en Melilla y un 20,9% en España, para el 2008, antes de que la crisis económica afectara al empleo y la actividad”.

Una estrategia importante de generación de empleo para las personas con discapacidad son los Planes Especiales de Empleo, promovidos por la Administración General del Estado en ambas ciudades. “Se ha detectado que pueden generar efectos nocivos para la población con discapacidad, como la inestabilidad laboral y desmotivación en la búsqueda de empleo”, señala el estudio.

“En Ceuta el Plan Especial de Empleo Público para 2010 tenía reservadas 93 plazas para personas con discapacidad; y en Melilla, a lo largo de 2009, el Plan posibilitó la contratación de 219 personas con discapacidad”, indica. Mientras, “ambas ciudades cuentan con iniciativas en materia de promoción de empleo, como PROCESA y PROMESA, formación impartida por el Servicio Público de Empleo Estatal, o las iniciativas privadas como el Programa Inserta ‘Por Talento’ de FSC de la Fundación ONCE”, añade.

En cuanto a las dificultades relacionadas con la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, las personas con discapacidad “se ven perjudicadas con más frecuencia e intensidad por la falta de recursos especializados y la necesidad de desplazarse fuera de su ciudad para recibir atención sanitaria adecuada”. “Este hecho es especialmente perjudicial para las personas con enfermedad mental y para los menores con discapacidad”, destaca.

Por otra parte, el estudio resalta que Ceuta y Melilla “son los territorios más eficaces de España en el procedimiento de tramitación de solicitudes relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”. Sin embargo, la cobertura de servicios relacionados con el SAAD es escasa en los recursos de atención de día y servicios residenciales, especialmente en Ceuta.

“El 77,2% de las prestaciones concedidas en Ceuta y el 61,5% en Melilla, con cargo al SAAD, son de tipo económico, siendo minoritarias las prestaciones en forma de servicios de apoyo”, señala.

También se ha constatado dificultades relacionadas con accesibilidad, “aunque existen iniciativas públicas encaminadas a la mejora de este ámbito”.

Por último, el estudio también incluye una serie de propuestas integrales para la mejora de la atención y apoyo en cada una de las Ciudades Autónomas, entre las que se encuentran mejoras en el terreno de la inclusión educativa, la promoción del empleo en el ámbito privado, la atención a las personas con enfermedad mental y sus familias, el desarrollo del tejido asociativo y la promoción de la Autonomía Personal.

El equipo de Intresocial que ha realizado esta investigación ha estado integrado por Agustín Huete García (Director), Eduardo Díaz Velázquez y Antonio Sola Bautista, En el trabajo de campo, codificación y trascripción han participado Elena Díaz García, Margarita Vilela Garrido, Alexandra Campillo Sánchez y Esther Petisco Rodríguez.

Informe completo: http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/257/Estudio%20Ceuta%20y%20melilla.pdf

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El Observatorio Estatal de la Discapacidad, instrumento técnico de la Administración General del Estado encargado de la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha presentado la publicación ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, cuyo contenido supone una visión de la realidad diaria de este sector de la población en nuestro país y quiere servir como orientación para que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de este colectivo.

Entre las actividades encomendadas al Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está la de elaborar un informe bienal que proporcione una actualización exhaustiva de la situación de la Discapacidad en España. En base a este mandato y en función de los indicadores recopilados y de los estudios e investigaciones impulsadas por el OED, éste ha presentado la publicación ‘Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010’, un documento que constituye una visión de la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país en el bienio 2008-2009 (con datos actualizados a 2010) que quiere contribuir a que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad.
 
La publicación que ahora se presenta aparece estructurada en cuatro capítulos monográficos, que abordan el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad en España según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008); la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los retos y oportunidades en materia de empleo y el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
 
El ‘Informe Olivenza 2010’ incluye además una crónica informativa, que recoge aquellas noticias que fueron actualidad en el sector en el período de tiempo estudiado, y una selección de indicadores estadísticos sobre prevención de deficiencias, educación, contratación, protección económica, información estadística del SAAD y accesibilidad.
 
Perfil de la población con discapacidad
El trabajo multidisciplinar del equipo técnico del Observatorio Estatal de la Discapacidad que ahora se hace público permite conocer que la discapacidad aparece a edades cada vez más tardías y con mayores tasas de prevalencia en mujeres que en hombres, a partir de los 45 años. Los datos de la EDAD 2008 analizados para el ‘Informe Olivenza 2010’ revelan que entre los 3,8 millones de personas con discapacidad de seis y más años que residen en hogares familiares -del total de 4,1 millones de personas con discapacidad que hay en España-, las discapacidades más frecuentes son las relacionadas con la movilidad, la vida doméstica y el autocuidado, tipologías que suelen estar ligadas a enfermedades y accidentes, más que a causas congénitas o perinatales.
 
Mientras que el 58,2% del total de las personas con discapacidad de seis y más años residentes en hogares familiares han recibido algún servicio sanitario o social, tan solo el 9% habían percibido alguna prestación económica o indemnización por motivo de discapacidad, en los doce meses anteriores a la encuesta. Entre quienes si recibían alguna prestación, las más frecuentes eran las pen-siones contributivas por incapacidad, seguidas de las pensiones no contributivas y las asignaciones económicas por hijo a cargo.
 
En el ámbito económico cabe señalar también que uno de cada tres hogares en los que reside al menos una persona con discapacidad han tenido que realizar en los últimos doce meses gastos adicionales no compensados por ayudas o subvenciones por motivo de la discapacidad de sus miembros. El gasto medio anual por hogar ocasionado por la discapacidad en los hogares que declaran gasto por ese motivo asciende a 2.874 euros. El tipo de gasto más frecuente se relaciona con tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores.
 
El nivel educativo de las personas con discapacidad continúa siendo comparativamente bajo respecto al de las personas sin discapacidad, una diferencia que se acentúa a medida que se asciende en el nivel de estudios. Los niveles educativos más altos se dan, como se desprende de los datos de la EDAD 2008, entre las personas con deficiencias del oído, del sistema nervioso, osteoarticulares y visuales, y los más bajos, entre las personas con deficiencias del lenguaje, habla y voz, y deficiencias mentales.
 
Directamente relacionada con el bajo nivel educativo está la dificultad para acceder al mercado de trabajo, un ámbito en el que las mujeres con discapacidad tienen unos niveles de actividad y ocupación netamente inferiores a los de los hombres. Del total de 1,48 millones de personas con discapacidad que están en edad laboral -entre 16 y 64 años de edad- solo trabajan 419.300. Unas 106.800 está en situación de desempleo, y el resto están fuera del mercado laboral.
 
En el día a día de las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad es otra de las cuestiones que dificulta el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Las barreras comienzan en muchas ocasiones en la propia vivienda ya que en el 72,7% de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad existen barreras de acceso. Más de la mitad de las personas con discapacidad manifiestan tener dificultad para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.
 
Cuando la persona con discapacidad sale al exterior, encuentra en las calles dificultades para subir o bajar de la acera, obstáculos colocados en ellas y problemas al cruzar las calles. En los desplazamientos realizados en transporte público, más de la mitad de las personas con discapacidad aseguran haber encontrado algún tipo de dificultad. Las personas con discapacidades que afectan al aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, el autocuidado, la vida doméstica, la movilidad y la comunicación son las que en mayor proporción experimentan dificultades como las de leer, interpretar, o comprender los planos y señalizaciones; las de subir o bajar del transporte; o las de acceder a las estaciones.
 
Junto a las personas con discapacidad están los cuidadores, que en la mayoría de los casos son familiares y habitualmente hijas, cuando la persona que recibe los cuidados es una mujer, o esposas, cuando la persona atendida es un hombre. En un porcentaje muy bajo -en torno a un 8%- el cuidador es un empleado. En más de un tercio de los casos las personas con discapacidad necesitan ser atendidas más de ocho horas al día, situación que obliga a dejar de trabajar fuera de casa, acarrea problemas económicos y hace que la salud del cuidador se deteriore.
 
El nuevo marco jurídico de la Convención
La ratificación por España el día 3 de mayo de 2008 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas dos años antes, da paso a un nuevo marco jurídico que obliga a una adaptación de la legislación española para cumplir con los principios que rigen la Convención de la ONU. Este proceso, abierto tras la ratificación del texto internacional, es analizado en el ‘Informe Olivenza 2010’, tomando como fuente la propia Convención, el ordenamiento jurídico español y los estudios realizados por diferentes especialistas en la materia.
 
La transformación y evolución que se ha producido en el derecho interno español en los últimos años ha dado lugar a una situación propicia para la necesaria adaptación legislativa, algo que no significa que no existan aún determinados aspectos que entran en contradicción con la Convención. Entre estos aspectos, como se indica en el ‘Informe Olivenza 2010’, están la regulación de los derechos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, instituciones tan arraigadas como los complementos de la capacidad (tutela, curatela, guarda de hecho,...), el internamiento forzoso, el régimen jurídico-penal, etc.
 
Entre los aspectos que precisan modificación está el del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que la Convención de la ONU cita en el artículo 12, y el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el 13. En ambos artículos profundiza el ‘Informe Olivenza 2010’, a la vista de que, por ejemplo, figuras como la incapacitación, regulada en el sistema jurídico español, entran en conflicto con la Convención.
 
En relación con el sistema de apoyos que la Convención de la ONU considera necesario diseñar para pasar de la sustitución de la persona con discapacidad en la toma de decisiones al apoyo en las mismas, y que el documento internacional recoge en su artículo 12; el ‘Informe Olivenza 2010’ presenta, como ejemplo, el sistema de apoyos que desarrolla en la actualidad la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX). Este sistema hace especial hincapié en la dimensión personal del tutelado y fue presentado ante los ministerios de Sanidad y Política Social y de Justicia como base para la creación del modelo de apoyos que indica pero no define la Convención de Naciones Unidas.
 
Respecto a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, derecho que reconoce el artículo 13 de la Convención; el ‘Informe Olivenza 2010’ recuerda la necesidad de que los Estados ratificantes del documento internacional adopten las medidas necesarias para asegurar que se forme efectivamente al personal del poder judicial y el sistema penitenciario nacionales sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. El informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad recuerda además que el acceso a la justicia también es cuestión de accesibilidad a la información y arquitectónica.
 
España ha sido el primer país en cumplir con el mandato de Naciones Unidas de entregar un informe sobre la aplicación de la Convención en nuestro país, un informe que recoge una serie de avances e iniciativas que se han llevado a cabo y que se relacionan en el ‘Informe Olivenza 2010’.
 
Retos y oportunidades para el empleo
El desarrollo de un trabajo es para las personas con discapacidad una de las herramientas esencia-les para una plena integración social y uno de los pasos clave para alcanzar la autonomía personal; sin embargo, un número creciente de personas con discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los recortes en las políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del empleo en los sectores económicos en los que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de integración. En el ámbito del empleo, el ‘Informe Olivenza 2010’ analiza los principales problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad (que pasan por un nivel educativo y una cualificación profesional deficientes, actitud negativa de empleadores o responsables de recursos humanos, falta de accesibilidad,...) y los avances introducidos en los últimos años.
 
Entre estos avances destacan los introducidos en la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012. La aplicación de la Estrategia se ha concretado en medidas como la extensión de ciertas bonificaciones e incentivos al empleo de personas con discapacidad, el incremento en reserva de puestos de trabajo en las ofertas de empleo público, determinadas modificaciones impositivas que benefician a personas con discapacidad y la introducción de criterios sociales en la contratación pública, entre otras cuestiones. En paralelo, el poder judicial ha dictado jurisprudencia sobre la compatibilidad entre las pensiones de incapacidad y el trabajo por cuenta ajena.
 
La información sobre los contratos acogidos a medidas de fomento de empleo que se realizan a trabajadores con discapacidad muestra que, en 2010, la contratación de personas con discapacidad se está mostrando bastante dinámica y se está recuperando con mayor nitidez de la crisis que la contratación general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos sólo muestran una parte de la dinámica del mercado laboral (las contrataciones efectuadas), y no permiten obtener conclusiones acerca de la evolución de variables como las tasas de actividad, empleo y desempleo, que son esenciales para el conocimiento de la verdadera situación de empleo de las personas con discapacidad. Es necesario, por ello, que la variable discapacidad se incorpore en las estadísticas de empleo, y en particular en la Encuesta de Población Activa y en las series estadísticas sobre afiliados en situación de alta laboral que difunde la Seguridad Social.
 
Desarrollo de la LAPAD
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) es, para todos aquellos expertos que la han analizado en profundidad a lo largo de sus tres primeros años de vigencia, un avance significativo en la protección social, al consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura de las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria.
 
En los diferentes análisis realizados sobre la conocida como Ley de Dependencia, también se apunta que, si bien se trata de un destacable avance, existen una serie de problemas en su aplicación práctica como, por ejemplo, las importantes diferencias territoriales en su nivel de desarrollo.
 
El ‘Informe Olivenza 2010’ recoge en su capítulo dedicado al análisis de la aplicación de la LAPAD un apartado que detalla cómo se ha producido su evolución, así como el desarrollo del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), y una serie de cifras que acercan a la situa-ción actual de aplicación de la ley. A través de estos datos se puede conocer que a 1 de septiembre de 2010 las prestaciones de la LAPD ascendían a 734.151 y la media de prestaciones por persona beneficiaria se había elevado hasta 1,18; siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la mayoritaria.
 
En la publicación se recogen además una serie de propuestas y recomendaciones para el adecuado y efectivo desarrollo de la LAPAD, realizadas por los diversos expertos e instituciones que han analizado su proceso de implantación. Estas propuestas están relacionadas con la necesidad de un nuevo impulso en materia de promoción de la autonomía personal, la mejora del proceso de entrada al SAAD (baremo, plazos de resolución y asignación de prestaciones, composición de los equipos de valoración desarrollo de la figura del gestor del caso), la mejora de los servicios y prestaciones (reequilibrio de las prestaciones, desarrollo del catálogo de servicios), la cooperación y coordinación (refuerzo del Consejo Territorial, promoción de la colaboración público-privada, promoción e impulso de un modelo de base territorial de proximidad) y la financiación del sistema (concentración de los recursos en la dependencia grave y severa, integración de la atención a la dependencia en la LOFCA, consideración de nuevas alternativas de financiación).
 
La actualidad del sector
Tras los cuatro capítulos monográficos del ‘Informe Olivenza 2010’, éste presenta una crónica informativa en la que se recogen aquellas noticias del ámbito de la discapacidad que fueron actualidad en los medios de comunicación a lo largo de 2008 y 2009 –con una acercamiento a las del año 2010-. A través de esta recopilación se quieren mostrar los acuerdos adoptados por instituciones públicas y privadas a lo largo del bienio estudiado, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, acciones desarrolladas por diversas entidades y que pueden ser valoradas como buenas prácticas, situaciones de vulneración de derechos o avances en materia sociosanitaria y nuevas propuestas accesibles de ocio y cultura.
 
Para finalizar, la publicación elaborada desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad incluye una selección de indicadores sobre la situación de las personas con discapacidad en España centrados en la prevención de deficiencias, la educación inclusiva y los alumnos con necesidades educativas especiales, la contratación, la protección económica, la información estadística del SAAD y la accesibilidad. Con estos últimos datos, el Observatorio Estatal de la Discapacidad quiere completar la ‘radiografía’ de la situación de las personas con discapacidad en España que supone este ‘Informe Olivenza 2010’.
 
El Observatorio Estatal de la Discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), ubicado en Olivenza (Badajoz) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, pone al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
 
El OED tiene su origen en el convenio suscrito en Olivenza, el 4 de diciembre de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (cuyas competencias en materia de discapacidad fueron asumidas, tras la última reestructuración ministerial, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Universidad de Extremadura y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (FUTUEX).
 
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