Viernes, 23 de Marzo de 2012 12:18

Observatorio "Crisis y Discapacidad"

El departamento de Comunicación de Servimedia pone hoy en marcha el Observatorio "Crisis y Discapacidad", cuyo objetivo es conocer de cerca cómo está afectando la situación económica que vive el país al movimiento asociativo de las personas con discapacidad.

Serán convocados durante todo el año, los presidentes de las distintas entidades que componen el tejido asociativo de personas con discapacidad en España, así como los máximos responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a nivel autonómico y nacional.

Además, cada cuatro meses se realizará un análisis de los datos más relevantes que se vayan desprendiendo de estos encuentros, que servirán para realizar un seguimiento de la situación en cada momento. Con esta iniciativa, la Agencia de Noticias Servimedia mantiene su compromiso como líder en información social.

Fuente: SERVIMEDIA

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) examina hoy en una jornada de debate la calidad y el grado de cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad en España, "en situación de extrema vulnerabilidad".

Bajo el título "Menores con discapacidad, ¿menores derechos?", el encuentro se desarrolla en Madrid y cuenta con la participación de un centenar de expertos y la inauguración de Soledad Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La jornada de trabajo ha comenzado analizando la situación general de los menores con discapacidad en España, a través de una aproximación sociológica llevada a cabo por Agustín Huete, sociólogo experto en discapacidad.

Más informacion en Servimedia.

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Nos unimos al día internacional de la mujer, con este artículo publicado en el Boletín nº 3 del Observatorio Estatal de la Discapacidad, de junio de 2011.

En nuestra sociedad persisten elementos discriminatorios hacia la mujer que afectan también a las mujeres con discapacidad. De hecho, la discapacidad en sí misma es un fenómeno extraordinariamente relacionado con la variable género. La discriminación contra la mujer con discapacidad no ha de ser observada solamente en contraposición con la situación de los varones, sino comparada también en referencia a las mujeres sin discapacidad.

En el artículo se exponen datos actualizados que muestran la especial desventaja a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad en el empleo, la educación, las relaciones sociales y en la prestación de apoyos.

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Miércoles, 07 de Marzo de 2012 08:50

También Somos Mujeres

Desde el 6 de marzo, y durante 10 días, el documental “También Somos Mujeres” producido por la Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, FEAPS Madrid, formará parte de la programación de numerosos actos de celebración del Día Internacional de la Mujer.

Varios municipios, y otras organizaciones del movimiento asociativo han decidido proyectar el documental como elemento central de jornadas de reflexión y reivindicación de derechos de la mujer con discapacidad. Es el caso de Apdema, miembro de FEVAS, en Vitoria, y de Anfas, miembro de FEAPS Navarra, en Pamplona.

Pero el Documental estará también presente en varios festivales cinematográficos de temática relacionada con el género. Es el caso de la Muestra de Cine realizada por Mujeres de Huesca, donde También Somos Mujeres se proyectará el 15 de marzo; y en el Festival Internacional de Cine Documental de Género y Discapacidad de Soria, que proyectará el documental el próximo 16 de marzo, dentro de su sección paralela y tras haber seleccionado la cinta de entre más de 270 trabajos.

Fuente: Feaps Madrid

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Viernes, 02 de Marzo de 2012 09:21

Jornadas sobre Inclusión Social y Discapacidad

APROSUBA 3, entidad miembro de FEAPS Extremadura fundada en 1972, celebra en el presente año su 40 aniversario y dentro de los actos previstos ha organizado las primeras Jornadas sobre Inclusión Social y Discapacidad que tendrán lugar los próximos días 9 y 10 de marzo en el Palacio de Congresos “Manuel Rojas” de Badajoz.

En las diferentes ponencias y mesas redondas se reflexionará sobre aspectos tan relevantes como la calidad de gestión en las ONGs, el empleo protegido desde el ámbito público y privado, la transición al mercado ordinario, las políticas sociales y estrategias de futuro para la inclusión, así como el rol de las entidades sociales como facilitadores de apoyos y oportunidades para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Programa Jornadas

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2006 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, primera convención de derechos humanos del siglo XXI. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una clara vocación de transformación social. En ella se reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y se precisan los escenarios en los que es necesario intervenir para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos. La forma de abordar la discapacidad en la actualidad, por tanto, sigue un enfoque de derechos humanos, que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, al haber sido aprobada y ratificada la Convención por España en 2008.

El ajuste del funcionamiento de nuestra sociedad a los requerimientos de la Convención afecta a muchos elementos de nuestra sociedad y precisará de un compromiso claro hacia los entornos inclusivos, no discriminatorios, considerando la discapacidad como elemento transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política de gobiernos e instituciones.

El enfoque correcto en el ámbito de la atención a la discapacidad supone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los entornos donde estas personas viven, con la puesta en marcha de iniciativas de acción por parte de la Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico y local, así como de las propias entidades del sector social. Desde este enfoque, se hacen relevantes dos elementos clave: el entorno y los derechos humanos.

En España, las necesidades sociales de la población tradicionalmente han recibido una respuesta política y jurídica de bajo perfil: atender según se pudiera y hubiera disponibilidad. No han sido entendidas como cuestiones de derechos, el derecho subjetivo de ciudadanía. Los servicios sociales, tan vinculados a la acción de las administraciones locales, han de adquirir el rango de derecho subjetivo, universal, vinculante y exigible.

Las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción pública en materia de discapacidad, en todos los planos y esferas (nacional, autonómico y local) han de incorporar plenamente el enfoque inclusivo que comporta el abandono de modelos que segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad del curso ordinario de la vida en comunidad, asegurando su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la libre opción para llevar un modo de vida participativo conforme a sus preferencias. La garantía de derechos, la protección contra la discriminación y las exclusiones, la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad esté en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.

El mayor peso específico de la discapacidad en la agenda política, ha de venir acompañado de una nueva gobernanza en este campo, que pasa por potenciar el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo, que ha de ser corresponsable de la acción pública en la materia.

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a ejercer competencias en Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. Por su parte, las Comunidades Autónomas reciben de la constitución la competencia exclusiva de Asistencia Social, punto de apoyo para el generalizado desarrollo de marcos legales y recursos administrativos y materiales de competencia autonómica en los últimos 30 años.

Sobre el papel, son las Corporaciones Locales quienes gestionan una red básica de servicios sociales (o mejor dicho una red de servicios sociales básicos, genéricos) mientras que las Comunidades Autónomas realizarían la asistencia a colectivos específicos.

Tan confuso como el párrafo anterior, ha resultado, en la práctica, el diseño final de los Servicios Sociales, navegando entre solapamientos de competencias y lagunas de atención.

Por lo general, aunque las excepciones son casi tantas como municipios existen, este primer nivel de atención, el de las Administraciones Locales, se ha centrado en acciones relacionadas con recepción, información e intervención de ciudadanos/as en situación de precariedad social. Por lo que respecta a discapacidad, las actividades se han orientado a sectores que están claramente ubicados en el campo de acción de los gestores municipales: movilidad, transporte, suelo y vivienda. Resulta reseñable también cierta extensión (escasa en todo caso) de los conocidos como Consejos Municipales de Discapacidad, como estrategia de participación e influencia de las personas con discapacidad en la administración del municipio.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, iniciado en 1988, es un programa que se desarrolla desde la cooperación y la concertación de las administraciones, General del Estado, Autonómica y Local, orientada a la consolidación de la Red básica de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales. La cobertura a nivel municipal supera el 97% de los municipios en las Comunidades Autónomas acogidas al Plan (todas a excepción de Navarra y el País Vasco. En los datos disponibles para 2007, algo más de medio millón de personas con discapacidad se han beneficiado de alguno de los servicios y/o prestaciones, previstos en el Plan Concertado, de un total de siete millones de beneficiarios. Los servicios y prestaciones acogidos en el Plan Concertado se extienden a: información, orientación, alojamiento, comedores sociales, centros de estancia diurna, miniresidencias, pisos tutelados, albergues y otros centros de acogida.

El despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto una renovación del papel del municipio como administración de apoyo y promoción de las personas con discapacidad. La conocida como red de servicios sociales básicos ha sido en general reconocida como puerta de entrada al SAAD, lo cual en definitiva ha situado al municipio de nuevo en la vida de las personas con discapacidad, de manera clara.

Tal como hemos conocido en un reciente informe de Evaluación de la ley de Promoción de la autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, del Ministerio de Sanidad y Política Social, se recoge que “Las Corporaciones Locales están teniendo un papel activo en la difusión de la información del SAAD a los ciudadanos, en la gestión del acceso al sistema y en la gestión de los servicios de proximidad de manera directa y a través de fórmulas de colaboración con la Administración Autonómica. Ello está facilitando el dar un mayor contenido y estabilidad a la rama local de servicios sociales locales”, lo que además, ha supuesto una reclamación que parece justa: que sea reconocido debidamente el papel de la administración municipal en el despliegue del SAAD. Como dice el citado informe: “Todo indica que el desarrollo del SAAD ha exigido no solo una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales sino también nuevas formas de descentralización que refuercen el papel del ámbito local en la gestión del SAAD”.

Es en este contexto, en el que se evidencia la importancia y capacidad del municipio para asumir un papel protagonista en la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, en el que el CERMI ha editado recientemente un Modelo de Plan de Acción para la Inclusión de las personas con discapacidad, con el que pretende poner a disposición de las Administraciones Locales un documento que sirva como referente a los equipos de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) con el fin de promover políticas públicas de discapacidad inclusivas en 2011-2014.

Se precisan pues unas políticas de respaldo y acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias para ofrecer respuestas más intensas en cuanto a orientación, acompañamiento y ayudas para que desde el mismo seno familiar comience la inclusión de la persona con discapacidad.

Las 10 áreas principales propuestas para el Plan de Acción Local, obtenidas a partir de la revisión de los materiales de referencia, son las siguientes:

1. Información y Sensibilización.

2. Accesibilidad universal.

3. Participación social.

4. Educación y formación.

5. Salud.

6. Empleo (Inclusión Laboral).

7. Vivienda.

8. Ocio y tiempo libre, cultura y deportes.

9. Servicios Sociales.

10. Autonomía Personal y Social.

Fuente: cermi.es

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El INE publica los últimos datos de la encuesta "El Empleo de las Personas con Discapacidad". Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Años 2010 y 2009.

Un total de 1.171.900 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía certificado de discapacidad en 2010, con un incremento del 8,3% respecto al año 2009.

  • Más de un millón de personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía certificado de discapacidad en 2010, lo que supone el 3,8% de la población en edad laboral.
  • El 36,2% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2010. El porcentaje de activos para la población sin discapacidad era del 75,9%, 39,7 puntos porcentuales superior.
  • La tasa de paro para el colectivo de personas con discapacidad era del 23,3% en 2010, más de tres puntos superior a la de la población sin discapacidad.
  • El 27,7% de las personas con certificado de discapacidad en 2010 eran ocupados. De ellos, el 89,3% eran asalariados y el 78,9% tenían contrato indefinido.
  • Nueve de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar que percibieron alguna pensión en 2010 eran inactivos.

Esta cifra representaba el 3,8% de la población total en edad laboral, frente al 3,5% del año anterior.

Más información en www.ine.es

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"La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales. Examen y propuestas de mejora" es un estudio realizado por la empresa de Consultoría e Investigación Social InterSocial para el CERMI. En dicho estudio se realiza un análisis del tratamiento actual y oportunidades de mejora con respecto a los registros que se realizan de la discapacidad en las referencias estadísticas que promueve, efectúa o edita el INE. Para cada referencia estadística se realiza una descripción, un análisis de la forma de aproximación a la discapacidad en su diseño y una batería de propuestas de mejora, con el objetivo de que la discapacidad figure como hecho relevante en todas las operaciones estadísticas de interés para esta realidad social.

En este sentido, este análisis formal y de contenido sobre la discapacidad en todas las encuestas y referencias estadísticas del INE obedece al propósito de conocer la fiabilidad, y en tiempo real, de la discapacidad, en sus múltiples dimensiones, normalizando su presencia en las operaciones estadísticas oficiales.

Documento

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Viernes, 21 de Octubre de 2011 16:18

Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020

Una de las aspiraciones sostenidas del movimiento social de la discapacidad es que esta, esta realidad, esté presente, en posiciones de cierta relevancia, en eso que se ha dado en llamar “agenda política”. Que la discapacidad dejase definitivamente de ser lo que fue durante demasiado tiempo, algo residual, marginal que no pertenecía, ni por asomo, al núcleo duro de preocupaciones y ocupaciones de la comunidad política. Dicho de un modo plástico, que la política se parezca a la sociedad, y que por esa semejanza tenga en cuenta a la discapacidad, que también es parte inherente de la sociedad.

Algo –bastante, si comparamos con la situación de partida– se ha logrado en estos últimos decenios, desde la recuperación de la democracia en España, para ser más precisos, pero el objetivo dista de estar alcanzado. Cierto es que disponemos de un marco legislativo, programático y presupuestario, a propósito de la discapacidad, de presencia y de visibilidad políticas y cívicas, mucho más propincuo que el de hace unos años, pero diríase que como la línea del horizonte, cuanto más se acerca uno a ella, más se aleja. No es que resulte, el objetivo, inaprensible, pero sí que precisa de una perpetua actividad persecutoria.

Por estos motivos, son necesarias todavía muchas y continuadas decisiones políticas de generación de cambio en lo referido a discapacidad. Es una política, la pública de discapacidad, que no puede ni debe estar quieta, pues lo pendiente, en términos de derechos, inclusión, ciudadanía y bienestar, es todavía asaz cuantioso. La última decisión del Gobierno de España, la Estrategia Española de la Discapacidad 2012-2020, es una muestra de ese proceso incesante de intensificación de las políticas públicas de discapacidad, y así la saludamos.     

En efecto, la Estrategia Española de la Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado día 14 de octubre de 2011 por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, contribuirá a que la discapacidad esté en la agenda política de modo continuado hasta el año 2020, por lo que servirá de motor transversal de decisiones e iniciativas, en ese dilatado periodo, en favor de este grupo de población.

Para el Cermi, esta Estrategia es un  dispositivo valioso y oportuno que inserta la planificación estratégica en materia de discapacidad en la acción a largo plazo del Ejecutivo. 


Con la Estrategia Española, nuestro país, España, sigue la estela de la Unión Europea, que ya adoptó un marco similar a escala comunitaria en 2010, también con vigencia hasta 2020. Dos focos de poder como Europa y España van, digámoslo así, al unísono. Faltaría, eso sí, que las Comunidades Autónomas españolas, como poderes territoriales con enormes responsabilidades en cuestiones decisivas para la discapacidad, se dieran por aludidas e hicieran otro tanto, es decir, otro esfuerzo de planificación estratégica análoga para su respectivas esferas.   

Los objetivos de la Estrategia Española coinciden con las preocupaciones medulares del movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi, pues tiene como ejes la ampliación y extensión de derechos, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas; la inclusión en la comunidad; la activación; la participación y la presencia sociales de las personas con discapacidad y sus familias.

El Cermi, como representación de la discapacidad organizada, ha participado en la elaboración de esta Estrategia mediante consultas,  aportaciones y sugerencias a lo largo de su proceso de redacción, lo que nos autoriza a sentirla también, con permiso de sus autores directos, la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad,  como propia.

Con esta iniciativa, disponemos de una herramienta idónea para avanzar en los próximos años en política públicas de discapacidad. Pero como toda herramienta, será eficaz, resultará útil si se usa y si se emplea correctamente, liberando todo el potencial que encierra. Como Cermi estaremos vigilantes para que estos instrumentos, sean cuales sean las circunstancias, no permanezcan ociosos, cuando hay tanto aún que cambiar. 

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI - 19/10/2011

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Este estudio, realizado por InterSocial contiene información que permitirá conocer las necesidades y demandas que tienen las personas con gran discapacidad física y sus familias que viven en zonas urbanas de España.

La tarea de renovación permanente de la información disponible resulta fundamental para poder realizar actuaciones en el entorno, que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En este caso, para planificar y desarrollar las actuaciones más convenientes para las personas con gran discapacidad física que viven en el entorno urbano, resulta fundamental actualizar de manera permanente el conocimiento que tenemos sobre las barreras con las que se encuentran en su entorno, de tal forma que con esas actuaciones se consiga satisfacer las necesidades, tanto las objetivas como las percibidas.

Este documento contiene información que permitirá conocer las necesidades y demandas que tienen las personas con gran discapacidad física y sus familias que viven en zonas urbanas de España (municipios de más de 10.000 habitantes), continuando con la línea de análisis iniciada con el estudio que sobre la misma población residente en el medio rural, a través del patrocinio de la Obra Social Caja Madrid, realizó PREDIF en el año 2007, bajo el título Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias.

Las personas con gran discapacidad física experimentan barreras para realizar actividades de la vida diaria y acceder a los bienes y recursos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, lo cual supone la existencia de una situación de desventaja y desigualdad frente al resto. Se considera que, por las características del medio urbano, las personas con gran discapacidad física tienen unas condiciones de vida específicas y/o unas dificultades diferentes que las del medio rural en el acceso a los bienes y recursos del entorno, por lo que es necesario delimitarlas, analizarlas y trazar propuestas de actuación que traten de reducirlas.

Como se demostró con el estudio dedicado al medio rural, una investigación de este tipo, considerando como elemento fundamental el tipo de hábitat en el que se desenvuelven las personas, resulta de una enorme utilidad para las asociaciones del ámbito social de la discapacidad, en concreto para aquellas asociadas a PREDIF (promotora del estudio), pues les va a permitir orientar de forma más eficaz sus actuaciones, sobre la base de una actualización del conocimiento acerca de las necesidades y demandas de la población objeto de su intervención.

PREDIF, como Plataforma Representativa tiene como misión trasladar a las entidades competentes de la Administración Pública cuáles son las necesidades del colectivo que representa. Para ello, se requiere un análisis objetivo y empírico, que recoja estas necesidades y demandas para que también las actuaciones de la administración se planifiquen y desarrollen en base a las mismas.

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