Documento elaborado por InterSocial para el CERMI. Este documento pretende poner a disposición de las Administraciones Locales un modelo de Plan de Acción para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que sirva de referente a los equipos de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) con el fin de promover políticas públicas de discapacidad inclusivas en 2012-2015.

Un Plan de Acción pretende ser una herramienta global al servicio de cualquier persona, entidad, administración, etc., que preste o esté en disposición de prestar servicios a un grupo poblacional que presenta unas determinadas necesidades de atención y/o apoyo. El Plan de Acción presenta diferentes utilidades: proporciona datos sobre la realidad de las personas con discapacidad y sobre sus necesidades; orienta sobre los objetivos generales de actuación en el futuro inmediato, sobre las estrategias apropiadas y sobre las acciones que es necesario desarrollar para lograr esos objetivos.

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La princesa Letizia recibió este jueves en audiencia a una representación de la Red Estatal de Mujeres con Discapacidad, que promueve el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Integrada por mujeres con discapacidad, madres de discapacitadas y expertas en el estudio y atención a este sector, la plataforma busca dar visibilidad y resaltar las necesidades específicas de este colectivo, que en España representa al 60% de las personas con discapacidad.

Según informaron fuentes del Cermi, el acceso igualitario a la salud sexual y reproductiva y a un trato no discriminatorio en el sistema sanitario son algunas de las principales reivindicaciones de la red, que denunció la práctica de abortos coercitivos y de esterilizaciones a mujeres a las que se ha declarado 'jurídicamente incapaces'.

Según la comisionada de género del Cermi, Ana Peláez, las mujeres con discapacidad se encuentran con más trabas a la hora de ejercer "un derecho básico como es la maternidad".

Al caso de las personas con discapacidad intelectual a las que sus familiares declaran 'incapaces' hay que añadir mayores dificultades en el acceso a tratamientos de reproducción asistida o a la adopción, subrayó.

Además, desde la red estatal destacaron la falta de estadísticas desagregadas y de una perspectiva de género y discapacidad en los estudios sobre salud.

Fuente: Solidaridad Digital

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Foto: Agustín Huete durante su intervención en la jornada

Distintos expertos y representantes de ONG y entidades de acción social especializadas han coincidido este jueves en la necesidad de intensificar la protección de los menores con algún tipo de discapacidad que viven en España, fomentar su participación, luchar contra la violencia infantil y garantizar un acceso inclusivo y un profesorado especializado.

Así lo han señalado en la jornada 'Menores con Discapacidad, ¿Menores derechos?', organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, en el que han participado, entre otros, la vicepresidenta del CERMI, Mª Luz Sanz; la directora técnica de FIAPAS, Carmen Jáudenes; el subdirector general de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Félix Barajas y el Defensor del Menor, Arturo Canalda.

En esta línea, la representante del CERMI ha incidido en que las necesidades de las familias en las que hay niños con discapacidad "deben ser tenidas en cuenta" para desarrollar cualquier legislación y ha llamado la atención sobre la necesidad de una educación inclusiva y de una atención temprana para que estas personas dejen de ser dependientes.

Por su parte, Barajas ha asegurado que "los menores gozarán de los derechos que les concede la Constitución, sin discriminación alguna" y ha destacado que el Gobierno ya está trabajando en el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (PENIA), que permitirá la atención transversal de los niños en riesgo, con discapacidad y en situación de exclusión.

Según el sociólogo y director de Intersocial, Agustin Huete, que también ha ofrecido ponencia en la jornada, en España hay unos 170.000 menores de 0 a 5 años con discapacidad, y ha destacado que si bien ha aumentado la detección y prevención de malformaciones congénitas, las cardiopatías están creciendo. Asimismo, ha incidido en el "llamativo" descenso del síndrome de Down desde 1980: "Es un descenso lineal, y, si se mantiene, en 2040, no nacerían niños con síndrome de Down", ha asegurado.

Para la responsable de FIAPAS, "la regulación y la universalización de la atención temprana es el termómetro de la madurez de las políticas sociales que desarrolla un país", ya que se trata de "una cuestión de derechos" y, para darle respuesta, "hacen falta cambios estructurales, así como una mayor coordinación para los apoyos, prestaciones y servicios".

Jáudenes ha alertado sobre la "falta de dotación de recursos de apoyo y coordinación profesional" y ha denunciado que "sólo la mitad de los alumnos con discapacidad pasan de Primaria a Secundaria; aproximadamente, el 2% del alumnado con discapacidad llega a la FP; el 1% al Bachillerato; y el 3% de estudiantes con discapacidad cursan estudios superiores".

Fuente: Europa Press Social.

Contenido de las ponencias

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Viernes, 23 de Marzo de 2012 12:18

Observatorio "Crisis y Discapacidad"

El departamento de Comunicación de Servimedia pone hoy en marcha el Observatorio "Crisis y Discapacidad", cuyo objetivo es conocer de cerca cómo está afectando la situación económica que vive el país al movimiento asociativo de las personas con discapacidad.

Serán convocados durante todo el año, los presidentes de las distintas entidades que componen el tejido asociativo de personas con discapacidad en España, así como los máximos responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a nivel autonómico y nacional.

Además, cada cuatro meses se realizará un análisis de los datos más relevantes que se vayan desprendiendo de estos encuentros, que servirán para realizar un seguimiento de la situación en cada momento. Con esta iniciativa, la Agencia de Noticias Servimedia mantiene su compromiso como líder en información social.

Fuente: SERVIMEDIA

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) examina hoy en una jornada de debate la calidad y el grado de cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad en España, "en situación de extrema vulnerabilidad".

Bajo el título "Menores con discapacidad, ¿menores derechos?", el encuentro se desarrolla en Madrid y cuenta con la participación de un centenar de expertos y la inauguración de Soledad Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La jornada de trabajo ha comenzado analizando la situación general de los menores con discapacidad en España, a través de una aproximación sociológica llevada a cabo por Agustín Huete, sociólogo experto en discapacidad.

Más informacion en Servimedia.

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Nos unimos al día internacional de la mujer, con este artículo publicado en el Boletín nº 3 del Observatorio Estatal de la Discapacidad, de junio de 2011.

En nuestra sociedad persisten elementos discriminatorios hacia la mujer que afectan también a las mujeres con discapacidad. De hecho, la discapacidad en sí misma es un fenómeno extraordinariamente relacionado con la variable género. La discriminación contra la mujer con discapacidad no ha de ser observada solamente en contraposición con la situación de los varones, sino comparada también en referencia a las mujeres sin discapacidad.

En el artículo se exponen datos actualizados que muestran la especial desventaja a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad en el empleo, la educación, las relaciones sociales y en la prestación de apoyos.

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Miércoles, 07 de Marzo de 2012 08:50

También Somos Mujeres

Desde el 6 de marzo, y durante 10 días, el documental “También Somos Mujeres” producido por la Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, FEAPS Madrid, formará parte de la programación de numerosos actos de celebración del Día Internacional de la Mujer.

Varios municipios, y otras organizaciones del movimiento asociativo han decidido proyectar el documental como elemento central de jornadas de reflexión y reivindicación de derechos de la mujer con discapacidad. Es el caso de Apdema, miembro de FEVAS, en Vitoria, y de Anfas, miembro de FEAPS Navarra, en Pamplona.

Pero el Documental estará también presente en varios festivales cinematográficos de temática relacionada con el género. Es el caso de la Muestra de Cine realizada por Mujeres de Huesca, donde También Somos Mujeres se proyectará el 15 de marzo; y en el Festival Internacional de Cine Documental de Género y Discapacidad de Soria, que proyectará el documental el próximo 16 de marzo, dentro de su sección paralela y tras haber seleccionado la cinta de entre más de 270 trabajos.

Fuente: Feaps Madrid

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Viernes, 02 de Marzo de 2012 09:21

Jornadas sobre Inclusión Social y Discapacidad

APROSUBA 3, entidad miembro de FEAPS Extremadura fundada en 1972, celebra en el presente año su 40 aniversario y dentro de los actos previstos ha organizado las primeras Jornadas sobre Inclusión Social y Discapacidad que tendrán lugar los próximos días 9 y 10 de marzo en el Palacio de Congresos “Manuel Rojas” de Badajoz.

En las diferentes ponencias y mesas redondas se reflexionará sobre aspectos tan relevantes como la calidad de gestión en las ONGs, el empleo protegido desde el ámbito público y privado, la transición al mercado ordinario, las políticas sociales y estrategias de futuro para la inclusión, así como el rol de las entidades sociales como facilitadores de apoyos y oportunidades para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Programa Jornadas

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2006 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, primera convención de derechos humanos del siglo XXI. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una clara vocación de transformación social. En ella se reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y se precisan los escenarios en los que es necesario intervenir para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos. La forma de abordar la discapacidad en la actualidad, por tanto, sigue un enfoque de derechos humanos, que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, al haber sido aprobada y ratificada la Convención por España en 2008.

El ajuste del funcionamiento de nuestra sociedad a los requerimientos de la Convención afecta a muchos elementos de nuestra sociedad y precisará de un compromiso claro hacia los entornos inclusivos, no discriminatorios, considerando la discapacidad como elemento transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política de gobiernos e instituciones.

El enfoque correcto en el ámbito de la atención a la discapacidad supone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los entornos donde estas personas viven, con la puesta en marcha de iniciativas de acción por parte de la Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico y local, así como de las propias entidades del sector social. Desde este enfoque, se hacen relevantes dos elementos clave: el entorno y los derechos humanos.

En España, las necesidades sociales de la población tradicionalmente han recibido una respuesta política y jurídica de bajo perfil: atender según se pudiera y hubiera disponibilidad. No han sido entendidas como cuestiones de derechos, el derecho subjetivo de ciudadanía. Los servicios sociales, tan vinculados a la acción de las administraciones locales, han de adquirir el rango de derecho subjetivo, universal, vinculante y exigible.

Las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción pública en materia de discapacidad, en todos los planos y esferas (nacional, autonómico y local) han de incorporar plenamente el enfoque inclusivo que comporta el abandono de modelos que segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad del curso ordinario de la vida en comunidad, asegurando su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la libre opción para llevar un modo de vida participativo conforme a sus preferencias. La garantía de derechos, la protección contra la discriminación y las exclusiones, la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad esté en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.

El mayor peso específico de la discapacidad en la agenda política, ha de venir acompañado de una nueva gobernanza en este campo, que pasa por potenciar el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo, que ha de ser corresponsable de la acción pública en la materia.

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a ejercer competencias en Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. Por su parte, las Comunidades Autónomas reciben de la constitución la competencia exclusiva de Asistencia Social, punto de apoyo para el generalizado desarrollo de marcos legales y recursos administrativos y materiales de competencia autonómica en los últimos 30 años.

Sobre el papel, son las Corporaciones Locales quienes gestionan una red básica de servicios sociales (o mejor dicho una red de servicios sociales básicos, genéricos) mientras que las Comunidades Autónomas realizarían la asistencia a colectivos específicos.

Tan confuso como el párrafo anterior, ha resultado, en la práctica, el diseño final de los Servicios Sociales, navegando entre solapamientos de competencias y lagunas de atención.

Por lo general, aunque las excepciones son casi tantas como municipios existen, este primer nivel de atención, el de las Administraciones Locales, se ha centrado en acciones relacionadas con recepción, información e intervención de ciudadanos/as en situación de precariedad social. Por lo que respecta a discapacidad, las actividades se han orientado a sectores que están claramente ubicados en el campo de acción de los gestores municipales: movilidad, transporte, suelo y vivienda. Resulta reseñable también cierta extensión (escasa en todo caso) de los conocidos como Consejos Municipales de Discapacidad, como estrategia de participación e influencia de las personas con discapacidad en la administración del municipio.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, iniciado en 1988, es un programa que se desarrolla desde la cooperación y la concertación de las administraciones, General del Estado, Autonómica y Local, orientada a la consolidación de la Red básica de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales. La cobertura a nivel municipal supera el 97% de los municipios en las Comunidades Autónomas acogidas al Plan (todas a excepción de Navarra y el País Vasco. En los datos disponibles para 2007, algo más de medio millón de personas con discapacidad se han beneficiado de alguno de los servicios y/o prestaciones, previstos en el Plan Concertado, de un total de siete millones de beneficiarios. Los servicios y prestaciones acogidos en el Plan Concertado se extienden a: información, orientación, alojamiento, comedores sociales, centros de estancia diurna, miniresidencias, pisos tutelados, albergues y otros centros de acogida.

El despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto una renovación del papel del municipio como administración de apoyo y promoción de las personas con discapacidad. La conocida como red de servicios sociales básicos ha sido en general reconocida como puerta de entrada al SAAD, lo cual en definitiva ha situado al municipio de nuevo en la vida de las personas con discapacidad, de manera clara.

Tal como hemos conocido en un reciente informe de Evaluación de la ley de Promoción de la autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, del Ministerio de Sanidad y Política Social, se recoge que “Las Corporaciones Locales están teniendo un papel activo en la difusión de la información del SAAD a los ciudadanos, en la gestión del acceso al sistema y en la gestión de los servicios de proximidad de manera directa y a través de fórmulas de colaboración con la Administración Autonómica. Ello está facilitando el dar un mayor contenido y estabilidad a la rama local de servicios sociales locales”, lo que además, ha supuesto una reclamación que parece justa: que sea reconocido debidamente el papel de la administración municipal en el despliegue del SAAD. Como dice el citado informe: “Todo indica que el desarrollo del SAAD ha exigido no solo una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales sino también nuevas formas de descentralización que refuercen el papel del ámbito local en la gestión del SAAD”.

Es en este contexto, en el que se evidencia la importancia y capacidad del municipio para asumir un papel protagonista en la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, en el que el CERMI ha editado recientemente un Modelo de Plan de Acción para la Inclusión de las personas con discapacidad, con el que pretende poner a disposición de las Administraciones Locales un documento que sirva como referente a los equipos de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) con el fin de promover políticas públicas de discapacidad inclusivas en 2011-2014.

Se precisan pues unas políticas de respaldo y acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias para ofrecer respuestas más intensas en cuanto a orientación, acompañamiento y ayudas para que desde el mismo seno familiar comience la inclusión de la persona con discapacidad.

Las 10 áreas principales propuestas para el Plan de Acción Local, obtenidas a partir de la revisión de los materiales de referencia, son las siguientes:

1. Información y Sensibilización.

2. Accesibilidad universal.

3. Participación social.

4. Educación y formación.

5. Salud.

6. Empleo (Inclusión Laboral).

7. Vivienda.

8. Ocio y tiempo libre, cultura y deportes.

9. Servicios Sociales.

10. Autonomía Personal y Social.

Fuente: cermi.es

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El INE publica los últimos datos de la encuesta "El Empleo de las Personas con Discapacidad". Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Años 2010 y 2009.

Un total de 1.171.900 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía certificado de discapacidad en 2010, con un incremento del 8,3% respecto al año 2009.

  • Más de un millón de personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía certificado de discapacidad en 2010, lo que supone el 3,8% de la población en edad laboral.
  • El 36,2% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2010. El porcentaje de activos para la población sin discapacidad era del 75,9%, 39,7 puntos porcentuales superior.
  • La tasa de paro para el colectivo de personas con discapacidad era del 23,3% en 2010, más de tres puntos superior a la de la población sin discapacidad.
  • El 27,7% de las personas con certificado de discapacidad en 2010 eran ocupados. De ellos, el 89,3% eran asalariados y el 78,9% tenían contrato indefinido.
  • Nueve de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar que percibieron alguna pensión en 2010 eran inactivos.

Esta cifra representaba el 3,8% de la población total en edad laboral, frente al 3,5% del año anterior.

Más información en www.ine.es

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