La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad quieren aprovechar la conmemoración del Día Internacional de las Mujer para reivindicar el ejercicio real de los derechos de ciudadanía de las más de dos millones de mujeres con discapacidad de nuestro país.

Ambas entidades llaman la atención sobre el hecho de que hayan pasado más de dos siglos desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada en 1791 por Olympe de Gouges, y todavía sigan perdurando “muchas de sus reivindicaciones y manteniendo la esperanza de una sociedad que devuelva la dignidad, el respeto, la justicia, la igualdad de trato y de oportunidades a las mujeres, en general y a las mujeres con discapacidad de forma especial, como colectivo al que la sociedad, con sus estigmatizaciones legislaciones y costumbres, ha convertido un grupo mucho más vulnerable, agravada por la situación actual que estamos atravesando”.

Para lograr la plena ciudadanía de las mujeres con discapacidad, el reconocimiento de sus derechos y su participación en igualdad en una sociedad que respete la diversidad, Cocemfe y Cemudis consideran inviable apoyar medidas que pongan en peligro los avances históricos alcanzados hasta la fecha en esta materia, ya que “la sociedad no es un mercado, ni las personas piezas intercambiables de un engranaje donde solo cuente la producción y el lucro”.

Cocemfe y Cemudis critican los argumentos que insisten en la insostenibilidad del Estado del Bienestar y apuestan por un modelo de sociedad en el que los derechos humanos sean el discurso y la práctica que marcan el día a día.

Ante las actuales circunstancias que atraviesa el país, ambas organizaciones consideran necesario que los dirigentes políticos de todos los niveles hagan cumplir la normativa aprobada con la finalidad de no incrementar la precariedad y la pobreza de las mujeres con discapacidad; y remuevan los obstáculos existentes para que la igualdad de trato y de oportunidades sea una realidad dentro de este colectivo.

 

Red de servicios especializados

Igualmente, Cocemfe y Cemudis estiman necesario el mantenimiento de una red de servicios especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, y que la Ley de Autonomía Personal y Dependencia cuente con los recursos necesarios para ser un pilar fundamental en la emancipación y vida independiente de las mismas.

Otras reivindicaciones de estas organizaciones son que se garantice la existencia de un sistema sanitario, universal, público y gratuito, que sea accesible para las mujeres con discapacidad; así como un sistema público de pensiones que permita a las mujeres del colectivo llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados de gestión.

Asimismo, Cocemfe se adhiere a las reivindicaciones del sector de la discapacidad realizadas por el Cermi que reclaman una revisión de la legislación para garantizar la no discriminación de las niñas y mujeres con discapacidad, el igual reconocimiento ante la ley y su capacidad jurídica como ciudadanas de pleno derecho.

El Cermi, entre otras cuestiones, también demanda el impulso de acciones positivas a favor de la contratación y permanencia en el empleo de las mujeres con discapacidad, con mejoras en la conciliación de la vida laboral y personal; así como incrementar la participación en la vida política de mujeres del colectivo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

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Martes, 18 de Diciembre de 2012 10:45

Mujeres con Capacidades Diferentes, Mujeres Plenas

La revista digital Con la A dedica su número 17 a mujeres con capacidades diferentes. Coordinado por Soledad Arnau, Con la A ha querido conocer las experiencias de algunas mujeres, protagonistas de su propia historia, cuyos recorridos permiten comprobar que están perfectamente capacitadas para desarrollar sus proyectos de vida personales y para dar forma a sus deseos y a sus compromisos públicos…  si la sociedad se lo permite.

http://revista.conlaa.com/ 

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Un amplio número de profesionales han participado en esta publicación del CERMI “2003-2012: 10 AÑOS DE LEGISLACIÓN SOBRE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA”, Estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna.

Entre los numerosos capítulos encontramos el primero de ellos que trata sobre “La discriminación percibida por las personas con discapacidad. Análisis de situación a partir de la EDAD 2008.”, elaborado por Agustín Huete García.

A continuación se puede descargar la publicación.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) plantea al nuevo Gobierno la necesidad de reformar la legislación de menores vigente en España para proteger mejor los derechos de los niños y niñas con discapacidad, de acuerdo con los mandatos específicos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La legislación española en materia de protección de menores apenas tiene en cuenta el factor de la discapacidad, por lo que no dispensa un trato más favorable para esta parte de la infancia, lo que entra en contradicción con el tratado internacional de la discapacidad, que obliga a que las políticas públicas y las disposiciones normativas sobre menores recojan transversalmente en enfoque de discapacidad.

En este sentido, la principal norma que debería ser modificada es la actual Ley de Protección Jurídica del Menor, disposición de cabecera en nuestro ordenamiento jurídico sobre la infancia. 

Además, otra de las leyes sectoriales que debe adaptarse a la Convención es la Ley Orgánica de Educación, que ha de modificarse para asumir plenamente el mandato de la inclusión educativa, desterrando cualquier atisbo de segregación en la enseñanza por razón de discapacidad.

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Las personas con discapacidad pasan a ser sujetos titulares de derechos y no meros objetos de tratamiento y protección social

   MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La adaptación normativa a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que modifica un total de 19 leyes, entra en vigor mañana, siete años después de que España ratificara este documento, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge Europa Press.

   Esta norma, que supone la consagración del cambio de  paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad, supera la  perspectiva asistencial para abordar una basada en los derechos humanos. De esta forma, se pasa a considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social.

   La nueva ley ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo precedente es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pero da un impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación social.

   Para ello, se modifican distintos artículos de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, destacando el ajuste de la definición legal de 'persona con discapacidad' a la contenida en la Convención. También se incorpora un nuevo supuesto de sanción accesoria en la Ley por la que se establece el Régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

   En materia de sanidad, se modifican diversas leyes de modo que se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información en formatos accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.

   En relación con la accesibilidad, destaca la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal; en materia de empleo, se aumenta, en las ofertas de empleo público, el cupo de reserva de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al siete por ciento contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y se crea, por vez primera con rango legal, una cuota específica para personas con discapacidad intelectual.

   Además, se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas con discapacidad y, en el ámbito de la cooperación internacional, se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado.

   Por último, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con discapacidad 2008-2012, se incentiva el cumplimiento del objetivo de promover mayor contratación de personas con discapacidad, ordenando al Gobierno la revisión de la normativa legal y la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.

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Lunes, 02 de Junio de 2008 18:10

Ciudadania y discapacidad intelectual

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