El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), junto a sus organizaciones miembro, ha convocado una concentración cívica frente al Congreso de los Diputados el próximo viernes, 17 de junio, de 11.30 a 13.30 horas, con el fin de exigir el derecho al voto para todas las personas con discapacidad y que, además, se dote de plena accesibilidad universal a los procesos electorales.

La concentración, que se celebrará bajo el lema ‘Vota para que  votemos’, tendrá lugar en la madrileña Plaza de las Cortes, junto al monumento a Miguel de Cervantes, y servirá para pedir, en plena campaña electoral, que las elecciones del 26 de junio sean los últimos comicios en los que 80.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo no tengan reconocido el derecho de sufragio.

El acto consistirá en la instalación de mesas electorales simuladas, y se invitará a todos los asistentes a votar por medio de papeletas accesibles, pidiendo el derecho de sufragio para toda la ciudadanía y la accesibilidad de los procesos electorales. Además, el objetivo de la organización es que el evento tenga un carácter no sólo reivindicativo, sino también lúdico.

De esta forma, el movimiento organizado de la discapacidad reclama que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que se respete la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sigue sin cumplirse en este aspecto, pese a que es de obligada aplicación en todos los países que la han ratificado, entre los que se encuentra España.

El CERMI considera también urgente eliminar todos los obstáculos que encuentran algunas personas con discapacidad en los procesos electorales, que pese a tener reconocido el derecho de sufragio, se enfrentan a colegios electorales con barreras arquitectónicas, mítines con problemas de accesibilidad o impedimentos para formar parte de una mesa electoral.

Así, la entidad denuncia que en todos los procesos electorales las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples exclusiones, discriminaciones y barreras que les impiden ejercer con plenitud su derecho fundamental de sufragio.

Ante esta situación, el CERMI invita al conjunto del tejido asociativo de la discapacidad, diferentes movimientos sociales, representantes políticos y al conjunto de la ciudadanía a sumarse a esta movilización, que además se puede apoyar en Twitter con el hashtag #Votaparaquevotemos.

Fuente: CERMI

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) publica un año más, el octavo, el informe completo de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

Este informe se elabora en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al CERMI por el Estado español.

 El informe, a través de una metodología rigurosa, describe, valora y evidencia el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. En él se muestra que la gran brecha en el cumplimiento de los mandatos de la Convención SON la falta de voluntad política de los poderes públicos, así como la insuficiente toma de conciencia por parte de todas las partes concernidas, pese a que España fue uno de los primeros países en firmar y ratificar este tratado internacional de derechos humanos.

 En el año 2015, se patentizan vulneraciones flagrantes ya denunciadas anteriormente, que se reiteran contumazmente, como la esterilización forzosa, la negación de derechos políticos y de participación, la ausencia de la educación inclusiva, las gravísimas carencias en materia de accesibilidad, la no garantía del derecho a la inclusión en la comunidad y a llevar una vida independiente, o la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

 Como documentación de interés, el informe incluye un apartado sobre el trabajo de Naciones Unidas en materia de discapacidad o la actividad del CERMI ante Naciones Unidas.

 En el año del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2016, queda de manifiesto sin ambages la tarea ingente aún pendiente para que los hombres y mujeres con discapacidad en España accedan y ejerciten los derechos humanos con la misma intensidad y alcance que el resto de miembros de la comunidad.

Fuente: CERMI 

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Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 11:15

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

NO AL COPAGO CONFISCATORIO, QUE EXPULSA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y SUS FAMILIAS DE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES

Por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal

y Atención a la Dependencia

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3 DE DICIEMBRE DE 2014

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a 

escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente 

MANIFIESTO

 

La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.

El nuevo dispositivo de protección social, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por esta Norma legal, debía comenzar a reparar definitivamente el déficit histórico que en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de bienestar en España. La consagración normativa de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que llevó aparejada la Ley 39/2006, a pesar de sus deficiencias, inauguraba una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social, que consideraba esta legislación como una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.

Transcurridos más de siete años desde la aprobación de esta Ley, la implantación y despliegue de este nuevo sistema de protección y del derecho social en que se traducía, se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la virulenta crisis económica y social que ha azotado a España en este período y que ha sacudido con violencia las arquitecturas de bienestar, siempre insuficientes, que han de caracterizar a un Estado como el español, que constitucionalmente se define como social. Esta adversa coyuntura económica, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores -políticos, sociales y de gobernanza del sistema- han determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como “copago”, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica.

Entre las personas con discapacidad y personas mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, que comporta un riesgo real de vaciar el derecho creado por la Ley, ha de ser corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de vigencia.

Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo, resulta urgente e imprescindible  modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada.

Para el movimiento social de la discapacidad organizado en torno al CERMI, esta reforma legal debe pasar por:

  • Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.
  • Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

Con estas medidas, que posteriormente tendrán su concreción reglamentaria, se eliminarían trabas de importancia en la aplicación equitativa de Ley 39/2006, robusteciendo el carácter de derecho subjetivo y ampliando el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.

Para conseguir esta reforma legal inaplazable, el CERMI anuncia, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, con arreglo a lo establecido en la Constitución Española  y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

El movimiento organizado de la discapacidad hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

 

3 de diciembre de 2014.

 

Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad

CERMI

www.cermi.es

 

 

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Logo del CursoLa Fundación Eguía Careaga - SIIS Centro de Documentación y Estudios organiza, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, el encuentro "Personas con discapacidad, ciudadanas de pleno derecho: de la Convención a la práctica real" entre los días 22 y 24 de Julio. 

Este encuentro pretende analizar de qué forma se está aplicando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y plantear una reflexión que aporte ideas, instrumentos y herramientas que, en línea con ella, faciliten la igualdad real y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Para ello, se abordarán algunos temas clave en el análisis del fenómeno de la discapacidad en la actualidad, como la vida independiente y la autonomía personal, la inclusión social (especialmente en el ámbito laboral), la ciudadanía plena o la igualdad en la diversidad, contando con diferentes perspectivas procedentes del ámbito académico, profesional y asociativo

En el siguiente enlace puede ver el programa, en el que se detallan los participantes en conferencias y mesas redondas: http://bit.ly/ZQTfB9

La preinscripción ha de realizarse antes del 27 de mayo. Para más información sobre matrícula: http://bit.ly/18cWgMY

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LOGO CERMIEl Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto en marcha un punto focal especializado sobre personas con discapacidad y estadísticas, que elaborará propuestas para que esta realidad sea bien conocida en todos sus aspectos y a partir de ese conocimiento puedan tomarse las mejores decisiones políticas.

El artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España, dedicado a la recopilación de datos y estadísticas, dispone que “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”.

En línea con este mandato, en España se han sucedido en los últimos tiempos diferentes iniciativas orientadas a mejorar la identificación y caracterización de la discapacidad en el máximo número de operaciones estadísticas.

Esta actividad ha tenido ya resultados destacados, como la puesta en práctica, a propuesta del CERMI, de la operación “El empleo de las personas con discapacidad”, la presencia del sector de la discapacidad, a través de la Fundación ONCE, en la comisión permanente del Consejo Superior de Estadística o la elaboración de algunas publicaciones del CERMI con recomendaciones sobre discapacidad para el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De estos y otros trabajos, se desprenden como grandes conclusiones, por un lado, que las encuestas habitualmente no preguntan, o preguntan mal sobre discapacidad y, por otro, que las muestras que se utilizan, generalmente, son escasas para este grupo poblacional.

El punto focal del CERMI sobre estadísticas, dirigido por el profesor  de la Universidad de Salamanca, Agustín Huete, pretende dar respuesta fundamentalmente a la primera de las cuestiones indicadas, aunque indirectamente también tratará de hacerlo a la segunda. El propósito es buscar una o varias formas de captar información sobre población con discapacidad, en todas o casi todas las operaciones estadísticas que se realizan en España, así como proponer su aplicación efectiva.

Fuente:  http://CERMI.ES

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de su delegada para los Derechos Humanos, Ana Sastre, participa en la V Conferencia de Estados Parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra estos días en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El CERMI está presente, un año más, en calidad de observador en las sesiones de trabajo de la Conferencia, dedicada en esta edición a examinar la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a la calidad de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas con discapacidad.

La cita de Nueva York reúne a todos los países, entre ellos España, que han suscrito el tratado internacional sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Además, en esta Conferencia se procederá a la renovación de la composición del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención de la Discapacidad.

Más información en SERVIMEDIA

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Nota de prensa (20/05/2011)

DOWN ESPAÑA recuerda al Gobierno su obligación de hacer accesible el voto a las personas con síndrome de Down, como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta Convención establece en su artículo 29 la necesidad de adaptar los materiales electorales (programas de los partidos, papeletas de voto, señalización en colegios electorales, etc.) para que sean fáciles de entender y crear las salvaguardas necesarias para garantizar el voto libre y secreto.

El `Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales’, aprobado por el Gobierno el pasado 25 de marzo, establece medidas para garantizar este derecho a las personas con discapacidad física y/o sensorial pero no recoge medidas concretas y particulares para el colectivo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Por ello, DOWN ESPAÑA quiere expresar su disconformidad ante esta situación que perjudica o impide el libre acceso al voto de este colectivo y recuerda a la sociedad y a los presidentes de mesa electoral que vayan a participar en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que estas personas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y pueden ejercer su derecho al voto, salvo que se encuentren incapacitados para ello por dictamen de un juez.

DOWN ESPAÑA, se ha dirigido a sus 83 asociaciones federadas, para animar a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a que acudan el próximo domingo 22 de mayo a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales y autonómicas como cualquier otro ciudadano.

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Europa Press (31/03/2011)

Los grupos del Congreso han acordado mejorar la adaptación de la normativa española a la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad al proceso de tramitación de enmiendas parciales. Con ese fin, el PP ha retirado del debate plenario de este jueves su enmienda a la totalidad con texto alternativo, al presentado por el Gobierno, en aras de un "mayor consenso" parlamentario así como de "eficacia".

El diputado que ha defendido el texto alternativo del PP, Francisco Vañó, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que todas las formaciones políticas han considerado que el mejor procedimiento para tramitar esta adaptación no era en un texto alternativo al Gobierno sino el trámite de enmiendas.

"No quería destacarme. Se trata de eficacia para las personas con discapacidad y en aras de la misma y del consenso", ha reiterado el diputado 'popular'. En este sentido, ha subrayado su petición al PSOE porque tenga "altura de miras" a la hora de ampliar su texto y mejorar sus "carencias".
 
Así, ha argumentado que el texto alternativo del Gobierno plantea la modificación de 11 normativas, mientras que el suyo lo amplía a 22, "es más ambicioso" porque considera que la discapacidad afecta a cerca de cuatro millones de españoles que todavía no tienen resueltos sus probleas.


Más información: Diario de Sesiones http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_227.PDF

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