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Viernes, 26 de Octubre de 2018 15:35

Día del Daño Cerebral Adquirido

Cartel Día del Daño CerebralFEDACE reclama, en el Día Nacional del DCA, una Estrategia Nacional para garantizar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias

La Federación Española de Daño Cerebral ha celebrado el Día Nacional del DCA con una jornada sobre inclusión laboral en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Con motivo del Día del Daño Cerebral, representantes del movimiento asociativo del Daño Cerebral Adquirido (DCA) en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social potencian la colaboración institucional y abordan la necesidad de dotar de estructura asistencial a las personas con DCA en España y sus familias.

Durante la jornada se ha presentado la “Guía Metodológica de Intervención y Buenas Prácticas para la Inclusión Sociolaboral de las personas con DCA”. La guía se ha realizado conjuntamente entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación de Daño Cerebral (FEDACE) con la asistencia técnica de InterSocial. Martha Quezada presentando la Guía metodológica de intervención y buenas prácticas en la inclusión sociolaboral de personas con Daño Cerebral Adquirido

Para celebrar el Día Nacional del Daño Cerebral, se realizarán múltiples actividades de sensibilización en toda España. El Movimiento Asociativo de personas y familias con  Daño Cerebral ayudarán a visibilizar el DCA en España con jornadas temáticas, conciertos, marchas solidarias, exposiciones, mesas informativas, así como la iluminación en azul (el color del DCA) de diversos edificios emblemáticos de Madrid, el Ayuntamiento de Valencia, el de Torrejón de Ardoz, etc.

El Daño Cerebral Adquirido se caracteriza por causar discapacidad de forma repentina a más de 100.000 personas al año. Tras una lesión en el cerebro, como un ictus o un traumatismo craneoencefálico, las consecuencias pueden ser tan variadas como las propias funciones cerebrales; causando problemas físicos, cognitivos, en la comunicación, alteraciones sensoriales, emocionales y en la personalidad.

En España las personas con DCA se enfrentan a un panorama de recursos de atención insuficiente: existen unos 90 centros especializados en daño cerebral que ofrecen 4.426 plazas de las cuales 727 son públicas, 1.275 concertadas y 2.424 privadas. Además, la distribución de estas plazas es desigual dentro del territorio Mesa inaugural Día del Daño Cerebralespañol, produciéndose una situación de desequilibrio en la atención según la Comunidad Autónoma de residencia. Familias de Canarias, La Rioja o Asturias, por ejemplo, se verán forzadas a trasladarse a otras zonas para poder optar a una rehabilitación adecuada, al no disponer de plazas públicas ni concertadas en su comunidad.

Según el presidente de FEDACE: «Las familias se ven desamparadas ante el daño cerebral cuando han de ser parte beneficiaria de un proceso de atención especializado. Creemos que se debe crear la categoría diagnóstica Daño Cerebral Adquirido que ponga en marcha este proceso al alta hospitalaria».

El código diagnóstico, el impulso de un censo de personas con DCA para dimensionar de forma adecuada los recursos necesarios para el colectivo y garantizar la continuidad asistencial y la coordinación sociosanitaria, son esenciales para alcanzar niveles de calidad de vida e inclusión social suficientes para las personas con daño cerebral y sus familias. «Una Estrategia Nacional de Atención al DCA permitirá poner en marcha estas medidas de forma coordinada entre todas las Administraciones implicadas en la atención al colectivo», ha recordado D. Luciano Fernández.

FEDACE, representa al movimiento asociativo del DCA y agrupa a 40 entidades territoriales de familiares y personas afectadas (10.500 socios). Entre sus objetivos figura concienciar a la sociedad y a la Administración sobre la importancia de crear una red de recursos y servicios sociosanitarios acorde con el número de personas que sufren una lesión cerebral y la gravedad y variedad de sus secuelas.

 

Fuente: FEDACE

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Logo del CERMILa Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) trabajarán de manera conjunta para identificar y reducir las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y sus familias.

Para ello, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un convenio por el que promoverán diferentes iniciativas y actuaciones que tengan por fin incrementar la inclusión social de las personas con discapacidad y garanticen su acceso sin exclusiones a los servicios y prestaciones de la Administración General del Estado (AGE).

Ambas partes, que reconocen la situación de partida de objetiva desventaja de las personas con discapacidad para disfrutar de los derechos que reconoce la Constitución, impulsarán, desde sus diferentes ámbitos de actuación, medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad.

En concreto, el CERMI se compromete a realizar una labor de análisis de la información y cargas burocráticas que afectan a las personas con discapacidad y a elaborar propuestas concretas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes para las personas con discapacidad y sus familias.

Con este fin, la plataforma representativa de la discapacidad en España entregará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MINPTFP), antes del 20 de noviembre de 2018, el informe resultante del trabajo de análisis y de las propuestas de reducción de cargas administrativas para las personas con discapacidad y sus familias.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), proporcionará asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas y su reducción.

Asimismo, realizará un seguimiento de los trabajos realizados durante el periodo de vigencia del convenio, convocando reuniones periódicas en las que participen ambas partes y remitirá las propuestas presentadas a los departamentos ministeriales competentes en cada materia según la iniciativa.

Para garantizar las labores de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, que tendrá como cometido principal resolver los posibles problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. La SEFP será la encargada de convocar para la constitución de esta comisión a la que, a propuesta de cualquiera de sus miembros, podrán asistir otros responsables de la AGE y del CERMI, cuando deban tratarse temas que requieran de su asesoramiento.

Fuente: cermi.es

 

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imagen niños en camino rural(Artículo Revista cermi.es semanal)

Este informe responde a una de las medidas previstas en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, que prevé la elaboración y puesta en marcha del Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural. Según Martha Yolanda Quezada, coautora del informe: “El informe permite conocer mejor la situación de las personas con discapacidad en el ámbito rural y ofrece una serie de propuestas de acción con el ánimo de contribuir en el acierto en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas para la mejora en las condiciones de vida de este colectivo”.

Es por eso, por la necesidad de renovación y de una mirada distinta, por lo que resulta de gran interés el informe 'Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción', elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que  trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para alcanzar una vida autónoma en inclusión social.

En España, tal y como detalla el informe del OED, “prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el medio rural, es decir una cuarta parte de la población”. Y añade: “la distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano y con una mayoría de mujeres”. De ahí que el informe señale la cuestión de género como prioritaria y destaque la necesidad de empoderar a las mujeres con discapacidad, velar por el cumplimiento de sus derechos y reconocer y promover su voz en los asuntos que las conciernen.

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