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Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 11:15

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

NO AL COPAGO CONFISCATORIO, QUE EXPULSA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y SUS FAMILIAS DE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES

Por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal

y Atención a la Dependencia

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3 DE DICIEMBRE DE 2014

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a 

escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente 

MANIFIESTO

 

La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.

El nuevo dispositivo de protección social, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por esta Norma legal, debía comenzar a reparar definitivamente el déficit histórico que en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de bienestar en España. La consagración normativa de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que llevó aparejada la Ley 39/2006, a pesar de sus deficiencias, inauguraba una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social, que consideraba esta legislación como una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.

Transcurridos más de siete años desde la aprobación de esta Ley, la implantación y despliegue de este nuevo sistema de protección y del derecho social en que se traducía, se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la virulenta crisis económica y social que ha azotado a España en este período y que ha sacudido con violencia las arquitecturas de bienestar, siempre insuficientes, que han de caracterizar a un Estado como el español, que constitucionalmente se define como social. Esta adversa coyuntura económica, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores -políticos, sociales y de gobernanza del sistema- han determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como “copago”, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica.

Entre las personas con discapacidad y personas mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, que comporta un riesgo real de vaciar el derecho creado por la Ley, ha de ser corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de vigencia.

Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo, resulta urgente e imprescindible  modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada.

Para el movimiento social de la discapacidad organizado en torno al CERMI, esta reforma legal debe pasar por:

  • Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.
  • Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

Con estas medidas, que posteriormente tendrán su concreción reglamentaria, se eliminarían trabas de importancia en la aplicación equitativa de Ley 39/2006, robusteciendo el carácter de derecho subjetivo y ampliando el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.

Para conseguir esta reforma legal inaplazable, el CERMI anuncia, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, con arreglo a lo establecido en la Constitución Española  y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

El movimiento organizado de la discapacidad hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

 

3 de diciembre de 2014.

 

Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad

CERMI

www.cermi.es

 

 

 

GRANADA, 5 y 6 de MARZO del 2015

El objetivo general del I Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad es realizar una valoración crítica y exhaustiva de la situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, tanto en empleo ordinario como en empleo protegido.

Objetivos específicos

  • Analizar y emitir propuestas sobre la actual la normativa que regula el empleo para personas con discapacidad.
  • Analizar en profundidad los datos de empleabilidad de la población con discapacidad, así como las políticas de empleo dirigidas a este colectivo.
  • Mostrar buenas prácticas de inclusión de personas con discapacidad, tanto en empleo ordinario como en empleo protegido.
  • Mostrar ayudas técnicas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
  • Conocer las diferentes investigaciones que se están realizando en este campo desde diferentes sectores: Universidad, entidades del tercer sector, sindicatos y Administraciones Públicas.
  • Visualizar la realidad actual y propuestas de mejora en este campo desde la óptica de los diferentes agentes implicados: Administraciones Públicas, empresas, sindicatos y entidades del tercer sector.

Destinatarios

Los destinatarios son diversos:

  • Cargos directivos, responsables y cuadros de la Administración Pública: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales.
  • Presidentes, Gerentes y Técnicos de las diferentes Confederaciones, Federaciones y Asociaciones del movimiento asociativo de la discapacidad.
  • Directivos y técnicos de recursos humanos de empresas.
  • Personal Docente e Investigador y estudiantes de las siguientes disciplinas: Derecho, Ciencias del Trabajo, Economía, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología y Trabajo Social.
  • Cualquier persona interesa en el tema.

Más información enhttp://www.congresoempleodiscap.es/

 

 

Domingo, 26 de Octubre de 2014 10:20

Una vida salvada merece ser vivida

Manifiesto del Día del Daño Cerebral. Una vida salvada merece ser vivida.

En el año 2006 FEDACE trasladó a la Administración la propuesta, surgida de su tercer congreso, de instaurar del Día del Daño Cerebral Adquirido para “…hacer partícipe a la sociedad de la situación en que vivimos las personas con daño cerebral y sus familias en España, para que se nos reconozca, se nos entienda, se nos valore adecuadamente y se nos atienda”

Al año siguiente el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 2007, acordó declarar el 26 de octubre “Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido”

Siete años después, las entidades que forman parte del movimiento asociativo DCA organizado en torno a FEDACE, aprovechamos nuevamente la oportunidad para mostrar la realidad del DCA y las aspiraciones de las más de 420.000 personas que viven con Daño Cerebral Adquirido en nuestro país.

La sociedad quizá esté más familiarizada con las causas que originan el daño que con las consecuencias del mismo. Los Ictus, los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales, anoxia cerebral y algunas patologías infecciosas son Daño Cerebral Adquirido (DCA) en tanto que tienen como consecuencia común alteraciones de la consciencia, de la movilidad, de la comunicación, de la orientación, de la memoria, del comportamiento, de las emociones…etc.

Estas alteraciones, que muchas veces se presentan de manera conjunta, implican que el 68% de las personas con DCA presenta discapacidad en alguna actividad básica de la vida diaria y el 45% en grado severo o total

Vivir con DCA supone que cada persona de estas 420.000 y su familia, debe enfrentarse cada día a dificultades que merman las posibilidades de recuperación funcional y entorpecen su participación social, dificultando así el ejercicio de sus derechos.

Desde el movimiento asociativo DCA, reclamamos el derecho a una vida digna para las personas con daño cerebral y sus familias y entendemos que esto hoy pasa por:

·         El desarrollo de la prestación sociosanitaria que garantice la continuidad asistencial, la adecuada recuperación funcional y la participación social de las personas con DCA. Para ello reclamamos respuestas coordinadas desde la Administración Central, las Autonómicas y las Locales, que impliquen al Sistema Nacional de Salud y al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

·         La conformación regulada de la red de recursos, programas y servicios homologados para atender las necesidades específicas de las personas con DCA, garantizando el acceso universal independientemente del poder adquisitivo o del territorio en que vivan. Es importante que la administración asuma la responsabilidad de regulación y supervisión a la hora de homologar y establecer protocolos de validación y derivación a estos recursos y servicios.

·         El impulso a la investigación en técnicas rehabilitadoras y productos de apoyo para la autonomía de las personas con DCA. No solo debe facilitarse el acceso a las nuevas tecnologías, también es importante el desarrollo, a partir de estas, de productos y servicios facilitadores de la accesibilidad cognitiva

·         El establecimiento de programas de apoyo a las familias. El episodio de de daño cerebral tiene un impacto brutal sobre la familia por lo que también deben ser atendidas en tres aspectos fundamentales: información, entrenamiento para afrontar la nueva situación y apoyo psicológico.

·         El reconocimiento y apoyo a la sostenibilidad del asociacionismo DCA. Hoy nadie pone en duda el valor social del asociacionismo, su representatividad y su papel en la defensa de los derechos de las personas con DCA. Entendemos que este reconocimiento debe plasmarse en el desarrollo de un marco normativo que garantice la sostenibilidad económica de las asociaciones, y tenga en cuenta la experiencia y el carácter social agregado en la prestación de los servicios y recursos que gestionan.

Reiteramos nuestra voluntad de colaboración con la Administración y con todas las personas y entidades implicadas en la atención al DCA, agradecemos su apoyo e invitamos a que nuestro lema “UNA VIDA SALVADA MERECE SER VIVIDA” sea hoy el lema de todos y reafirme el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con DCA.

26 de octubre de 2014

FEDACE. FEDERACION ESPAÑOLA DE DAÑO CEREBRAL

La Escuela de Bienestar para familias de personas con discapacidad intelectual de FUNDACIÓN MAPFRE ha celebrado el pasado sábado 18 de octubre su primera Jornada presencial. El evento, que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Zaragoza, ha contado con la presencia del director de la Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE, Fernando Garrido, y del director del proyecto, Gonzalo Berzosa. En su presentación, ambos han resaltado el esfuerzo realizado para desarrollar un aula virtual que de respuesta a las dudas, interrogantes y expectativas de las familias, ante los cambios que están viviendo sus hijos e hijas, porque la discapacidad intelectual ya no es una minoría de edad permanente; ahora llegan a la vejez con más recursos personales y demandando autonomía y una vida independiente.

La conquista de una vida más larga implica una serie de cambios que Gonzalo Berzosa ha desarrollado en su intervención: la educación permanente y el empleo se erigen como pilares fundamentales de la formación de su identidad, de su capacidad de pensamiento propio. Las familias buscan desempeñar un nuevo rol para adaptarse a una serie de cambios dejando atrás las etiquetas tradicionales, los estereotipos y los miedos acerca de la discapacidad. Todo se orienta, en última instancia, a que las familias apoyen y faciliten los deseos de vida independiente de las personas con discapacidad.

La Jornada de Escuela de Bienestar FUNDACIÓN MAPFRE también ha dado cabida a cinco grupos de trabajo para reflexionar sobre aspectos tan significativos como el desarrollo de hábitos saludables en la adolescencia y juventud, la convivencia familiar en la edad adulta, el aprendizaje permanente, la inclusión en el empleo y las situaciones de abuso sobre personas con discapacidad intelectual. Los grupos han sido moderados por profesionales reconocidos del sector: Elías Vived (Down Huesca), José Manuel Rodríguez (Fundación Personas), Cristina Luna (Fundación Talita Barcelona), Óscar Egea (Aportia Aragón) y Jorge López (Programa No Más Abuso).

Como colofón a una jornada que ha atraído a decenas de familiares de distintos lugares del país, se ha ofrecido un espectáculo de magia - “un regalo” a los asistentes –  que ha servido para cerrar y recordar el lema de la jornada: Comparte tu ilusión, saldrás ganando.

Fuentes: Escuela de Bienestar FUNDACIÓN MAPFRE

Martes, 21 de Octubre de 2014 18:23

Día Internacional de la Piel de Mariposa

El 25 de Octubre es el "Día Internacional de la Piel de Mariposa". Por este motivo la Asociación DEBRA ha preparado una campaña que tiene como objetivo lograr que muchas más personas conozcan esta enfermedad.

El sábado 25 lanzarán la campaña “Hoy llevo alas por la Piel de Mariposa” Formaran una mariposa humana gigante en la Puerta del Sol en Madrid a las 13.30 horas.

Más de 250 personas entre familiares y amigos de toda España estarán ahí. DEBRA invita a más gente a unirse a este evento. Sólo es necesario llevar una prenda de color azul.

Para más información viste la página de DEBRA España: http://www.pieldemariposa.es 

Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Nosotros, las personas con parálisis cerebral, tenemos como ciudadanos un único objetivo, a saber: desarrollarnos plenamente como personas. Y cada uno de nosotros entiende y materializa este desarrollo de forma muy distinta, en función de sus intereses y anhelos. Lo importante de todo esto consiste en poder elegir, en tener la posibilidad de decidir nuestro destino. Por eso, hoy, Día Mundial de la Parálisis Cerebral, reclamamos una condición indispensable para potenciar nuestra capacidad de decisión y de desarrollo pleno: una educación inclusiva efectiva, real y accesible en función de las capacidades de cada uno.

Las administraciones públicas están obligadas a proporcionar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que el Estado firmó y ratificó en 2008. Es decir, que las personas con discapacidad no reclamamos nada que el propio Estado no se haya autoimpuesto, sabedor de que es la mejor vía de una sociedad justa.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que acaba de entrar en vigor en el presente curso ni siquiera menciona a los Centros de Educación Especial, a los que no tienen en cuenta como soporte en la educación del colectivo, volviendo así a concepciones educativa arcaicas aparentemente ya superadas.

En oposición a este desamparo legal, el movimiento de la parálisis cerebral cuenta con 42 Centros Educativos ASPACE, que son, más que un lugar, un recurso. Constituyen verdaderos centros especializados en el desarrollo íntegro de las capacidades de la persona. Una formación especializada impartida por especialistas en Centros Especializados, cuya separación físicamente de colegios e institutos no deja de ser una mera anécdota. Porque lo verdaderamente importante de estos Centros Educativos ASPACE es que su formación la imparten especialistas, en entornos adaptados, con los procedimientos y los materiales adecuados, que garantizan un óptimo rendimiento educativo en las personas con discapacidad en general, y de las personas con parálisis cerebral en particular.

Por este motivo, las personas con parálisis cerebral solicitamos que la educación reglada inclusiva:

  1. Cuente con los Centros Educativos ASPACE como recurso para la educación de personas con discapacidad, y al servicio de los docentes de cualquier institución o administración;
  2. Abra los Centros Educativos ASPACE a la realización de acciones inclusivas en centros ordinarios;
  3. Considere a los Centros Educativos ASPACE como agentes de formación y difusión de conocimiento, así como de prestación de apoyos al alumnado con discapacidad en entornos inclusivos; y
  4. Fomente y visibilice, de forma real y activa, el deporte de las personas con discapacidad, como medio de lograr un desarrollo personal pleno.

En definitiva, solicitamos reformar el sistema educativo de tal manera que se reconozca el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación de calidad que se adapte a sus necesidades, haciendo que los Centros Educativos ASPACE pasen a ser el núcleo abierto, de referencia y de conocimiento, en la adaptación de la enseñanza a las personas con discapacidad.

Fuente: Confederación ASPACE

 

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