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El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha adoptado su plan de trabajo para el año 2015, ejercicio en el que llevará a cabo 8 estudios sobre distintos aspectos de la realidad social de la discapacidad en España.

Como producto principal, el OED elaborará el denominado Informe Olivenza 2015, estudio general panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas, sociológicas y estadísticas. Dada su particular implicación con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe abordará de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en esta región.

Otro de los trabajos en agenda para el año 2015 será el referido a la inclusión social de las mujeres con discapacidad en relación con los varones con discapacidad y en relación con las mujeres sin discapacidad: comparación sistemática.

De igual modo, el OED confeccionará un estudio sobre el estado de situación de la accesibilidad cognitiva en España.

La relación de estudios de dimensión para 2015 estatal concluye con uno dedicado a la reorientación vital y profesional de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad en la edad adulta, es especial respecto de la formación, y otro a la institucionalización de las personas con discapacidad en España.

En cuanto a la dimensión territorial extremeña del OED, los estudios programados versarán sobre el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad en esa región; un retrato de las mujeres y niñas con discapacidad en Extremadura; así como un observatorio sobre la accesibilidad universal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), pone al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

La gestión operativa del OED corresponde al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por encomienda del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Fuente: Observatorio Estatal de la Discapacidad

Domingo, 21 de Diciembre de 2014 19:37

Con los mejores deseos

Estimado amigo, estimada amiga: 

En el año 2014 hemos cumplido nuestros primeros e inolvidables 15 años. Nos sentimos agradecidos por haber podido llegar hasta aquí, y deseamos seguir disfrutando el privilegio de compartir este viaje con personas y organizaciones dedicadas a lograr un mundo mejor.

Felices fiestas y un venturoso año nuevo.

El equipo de InterSocial.


 

Título: Feliz Navidad - Descripción: una estrella blanca con fondo azul, con el logotipo de InterSocial y un texto que dice: “Con los mejores deseos de tus amigos de InterSocial”. - Autor: Antonio Jiménez Lara

Sábado, 13 de Diciembre de 2014 10:39

Discapacidad y derechos humanos

El CERMI denuncia la debilidad estructural de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que “los derechos humanos de las personas con discapacidad empeoran”. Así lo refleja, aseguró Pérez Bueno, el corpus formado por los seis informes ‘Derechos humanos y Discapacidad’, cuya sexta edición se presentó en Servimedia este 10 de diciembre haciendo coincidir el acto, como cada año, con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU sobre discapacidad, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad. 

El presidente del CERMI afirmó que este conjunto de publicaciones son la prueba que permite realizar la comparación a lo largo de los años y concluir que “los derechos humanos de las personas con discapacidad empeoran por la crisis económica, social y financiera” y que “afecta más intensamente que al resto de la población porque hay muchos derechos humanos que están ligados a presupuestos económicos como es el caso de la educación inclusiva o las pensiones”. 

Sin embargo, Pérez Bueno culpó también a la “inacción” de las administraciones públicas como otro causante del empeoramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad porque muchos de éstos “dependen sólo de decisiones políticas” y sólo “requieren cambiar de modelo de imaginaria, acompasarse a la Convención, a sus principios, valores y mandatos, y  una profunda revolución normativa”. 

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Pérez Bueno hizo un breve recorrido por lo que denominó “el memorial de agravios” y comenzó aseverando que “la falta de voluntad se nota”, por ejemplo, respecto a la vulneración del artículo 12 de la Convención que habla de la igual capacidad jurídica y que en España, en este sentido, “las medidas no han variado” porque seguimos teniendo “tutela, curatela y otras medidas que sustituyen a la persona, que no la apoyan” en contra, “diametralmente”, de lo que dice este artículo. 

En este sentido, señaló que unos 80.000 españoles con discapacidad están privados de su derecho al voto. Por ello, alentó al Gobierno que impulse las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio puedan ejercerlo, aunque sea con apoyos si los precisan.

Asimismo, subrayó de “abominable” la situación de que sigamos teniendo en nuestro país la posibilidad de la “esterilización forzosa a hombres y mujeres con discapacidad que admite nuestro Código Penal” y que, según el presidente del CERMI, “está denunciada por activa y por pasiva” y incluso por Naciones Unidas que “se ha pronunciado expresamente en la necesidad de reformarlo con urgencia” y “sin embargo”, insistió, “ahí está aún la posibilidad de privarles de la función reproductora” una vulneración de sus derechos que, en su opinión, “tiene un tinte machista” porque “fundamentalmente, según los datos que vamos teniendo, aún muy fragmentarios, se realiza sobre la mujer con discapacidad, especialmente intelectual”, sentenció Pérez Bueno.

También denunció el presidente de la entidad la vulneración de los derechos humanos de las personas con enfermedad mental y puso el foco en los internamientos forzosos que, según explicó, “hace más de tres años, el Tribunal Constitucional dijo que la ley que permite el internamiento forzoso o involuntario de una persona con trastorno mental cuando está en crisis es ilegal e inconstitucional” porque “estos internamientos están soportados por una ley ordinaria y cualquier medida de privación de libertad sólo puede venir dada por una ley orgánica, que son las que regulan derechos fundamentales y, entre ellos, la libertad de los ciudadanos”, clamó.

Pérez Bueno, añadió en este mismo sentido, que “después de tres años, esa norma de enjuiciamiento civil no se ha modificado en esa parte, pero que no sólo está la discusión de la forma sino del fondo”. Expone el presidente del CERMI que “nadie, por razón de discapacidad, de salud mental, puede ser privado de su libertad”, que “podrá ser privado, como los demás ciudadanos o ciudadanas, porque haya delinquido o sea un peligro para él o para la sociedad”, pero que su internamiento forzoso “no puede ser porque tenga una enfermedad mental”. 

Asegura Pérez Bueno que esto hay que “retomarlo con urgencia” porque “todavía nuestros responsables políticos no han interiorizado nuestra petición, a pesar de nuestra insistencia,  que ya no sabemos cómo hacer para que entiendan que la visión de los derechos humanos de las personas con discapacidad no puede ser pura retórica sino que tiene que trasladarse a hechos concretos”. 

EL INFORME 

El informe sobre derechos humanos y discapacidad relativo a 2013 evidencia que el año pasado aumentó un 33,1% el número de consultas recibidas en la Asesoría Jurídica del Cermi, que ascendieron a un total de 422, 105 más que en 2012. 

De estas 422 consultas, 32 se tramitaron como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, mientras que el resto corresponden a solicitudes de información.

En cuanto a la distribución por sexos, el 60% de las consultas las realizaron hombres y el 40% restante, mujeres. 

El sexto informe de derechos humanos y discapacidad elaborado por el CERMI mantiene una línea similar a los anteriores y continúa su estudio sobre los temas que en mayor medida atentan contra los principales derechos del sector. 

Entre otros, grosso modo, quedan patentes, tal y como se explicó en un reportaje publicado en ‘Cermi.es semanal’, la falta de educación inclusiva tras la aprobación de la LOMCE y la aplicación de los recortes; la continua violencia ejercida contra la mujer con discapacidad y la necesidad de abordarla con un mejor y mayor tratamiento, y la persistencia de tratamientos discriminatorios hacia las personas con enfermedad mental así como una importante discriminación añadida si se aprueba la reforma del código penal que proyecta el Gobierno.

Fuente: CERMI SEMANAL

Derechos humanos y Discapacidad. Informe España 2013

Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 11:15

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

NO AL COPAGO CONFISCATORIO, QUE EXPULSA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y SUS FAMILIAS DE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES

Por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal

y Atención a la Dependencia

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3 DE DICIEMBRE DE 2014

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a 

escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente 

MANIFIESTO

 

La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.

El nuevo dispositivo de protección social, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por esta Norma legal, debía comenzar a reparar definitivamente el déficit histórico que en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de bienestar en España. La consagración normativa de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que llevó aparejada la Ley 39/2006, a pesar de sus deficiencias, inauguraba una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social, que consideraba esta legislación como una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.

Transcurridos más de siete años desde la aprobación de esta Ley, la implantación y despliegue de este nuevo sistema de protección y del derecho social en que se traducía, se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la virulenta crisis económica y social que ha azotado a España en este período y que ha sacudido con violencia las arquitecturas de bienestar, siempre insuficientes, que han de caracterizar a un Estado como el español, que constitucionalmente se define como social. Esta adversa coyuntura económica, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores -políticos, sociales y de gobernanza del sistema- han determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como “copago”, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica.

Entre las personas con discapacidad y personas mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, que comporta un riesgo real de vaciar el derecho creado por la Ley, ha de ser corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de vigencia.

Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo, resulta urgente e imprescindible  modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada.

Para el movimiento social de la discapacidad organizado en torno al CERMI, esta reforma legal debe pasar por:

  • Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.
  • Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

Con estas medidas, que posteriormente tendrán su concreción reglamentaria, se eliminarían trabas de importancia en la aplicación equitativa de Ley 39/2006, robusteciendo el carácter de derecho subjetivo y ampliando el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.

Para conseguir esta reforma legal inaplazable, el CERMI anuncia, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, con arreglo a lo establecido en la Constitución Española  y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

El movimiento organizado de la discapacidad hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

 

3 de diciembre de 2014.

 

Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad

CERMI

www.cermi.es

 

 

 

GRANADA, 5 y 6 de MARZO del 2015

El objetivo general del I Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad es realizar una valoración crítica y exhaustiva de la situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, tanto en empleo ordinario como en empleo protegido.

Objetivos específicos

  • Analizar y emitir propuestas sobre la actual la normativa que regula el empleo para personas con discapacidad.
  • Analizar en profundidad los datos de empleabilidad de la población con discapacidad, así como las políticas de empleo dirigidas a este colectivo.
  • Mostrar buenas prácticas de inclusión de personas con discapacidad, tanto en empleo ordinario como en empleo protegido.
  • Mostrar ayudas técnicas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
  • Conocer las diferentes investigaciones que se están realizando en este campo desde diferentes sectores: Universidad, entidades del tercer sector, sindicatos y Administraciones Públicas.
  • Visualizar la realidad actual y propuestas de mejora en este campo desde la óptica de los diferentes agentes implicados: Administraciones Públicas, empresas, sindicatos y entidades del tercer sector.

Destinatarios

Los destinatarios son diversos:

  • Cargos directivos, responsables y cuadros de la Administración Pública: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales.
  • Presidentes, Gerentes y Técnicos de las diferentes Confederaciones, Federaciones y Asociaciones del movimiento asociativo de la discapacidad.
  • Directivos y técnicos de recursos humanos de empresas.
  • Personal Docente e Investigador y estudiantes de las siguientes disciplinas: Derecho, Ciencias del Trabajo, Economía, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología y Trabajo Social.
  • Cualquier persona interesa en el tema.

Más información enhttp://www.congresoempleodiscap.es/

 

 

Domingo, 26 de Octubre de 2014 10:20

Una vida salvada merece ser vivida

Manifiesto del Día del Daño Cerebral. Una vida salvada merece ser vivida.

En el año 2006 FEDACE trasladó a la Administración la propuesta, surgida de su tercer congreso, de instaurar del Día del Daño Cerebral Adquirido para “…hacer partícipe a la sociedad de la situación en que vivimos las personas con daño cerebral y sus familias en España, para que se nos reconozca, se nos entienda, se nos valore adecuadamente y se nos atienda”

Al año siguiente el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 2007, acordó declarar el 26 de octubre “Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido”

Siete años después, las entidades que forman parte del movimiento asociativo DCA organizado en torno a FEDACE, aprovechamos nuevamente la oportunidad para mostrar la realidad del DCA y las aspiraciones de las más de 420.000 personas que viven con Daño Cerebral Adquirido en nuestro país.

La sociedad quizá esté más familiarizada con las causas que originan el daño que con las consecuencias del mismo. Los Ictus, los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales, anoxia cerebral y algunas patologías infecciosas son Daño Cerebral Adquirido (DCA) en tanto que tienen como consecuencia común alteraciones de la consciencia, de la movilidad, de la comunicación, de la orientación, de la memoria, del comportamiento, de las emociones…etc.

Estas alteraciones, que muchas veces se presentan de manera conjunta, implican que el 68% de las personas con DCA presenta discapacidad en alguna actividad básica de la vida diaria y el 45% en grado severo o total

Vivir con DCA supone que cada persona de estas 420.000 y su familia, debe enfrentarse cada día a dificultades que merman las posibilidades de recuperación funcional y entorpecen su participación social, dificultando así el ejercicio de sus derechos.

Desde el movimiento asociativo DCA, reclamamos el derecho a una vida digna para las personas con daño cerebral y sus familias y entendemos que esto hoy pasa por:

·         El desarrollo de la prestación sociosanitaria que garantice la continuidad asistencial, la adecuada recuperación funcional y la participación social de las personas con DCA. Para ello reclamamos respuestas coordinadas desde la Administración Central, las Autonómicas y las Locales, que impliquen al Sistema Nacional de Salud y al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

·         La conformación regulada de la red de recursos, programas y servicios homologados para atender las necesidades específicas de las personas con DCA, garantizando el acceso universal independientemente del poder adquisitivo o del territorio en que vivan. Es importante que la administración asuma la responsabilidad de regulación y supervisión a la hora de homologar y establecer protocolos de validación y derivación a estos recursos y servicios.

·         El impulso a la investigación en técnicas rehabilitadoras y productos de apoyo para la autonomía de las personas con DCA. No solo debe facilitarse el acceso a las nuevas tecnologías, también es importante el desarrollo, a partir de estas, de productos y servicios facilitadores de la accesibilidad cognitiva

·         El establecimiento de programas de apoyo a las familias. El episodio de de daño cerebral tiene un impacto brutal sobre la familia por lo que también deben ser atendidas en tres aspectos fundamentales: información, entrenamiento para afrontar la nueva situación y apoyo psicológico.

·         El reconocimiento y apoyo a la sostenibilidad del asociacionismo DCA. Hoy nadie pone en duda el valor social del asociacionismo, su representatividad y su papel en la defensa de los derechos de las personas con DCA. Entendemos que este reconocimiento debe plasmarse en el desarrollo de un marco normativo que garantice la sostenibilidad económica de las asociaciones, y tenga en cuenta la experiencia y el carácter social agregado en la prestación de los servicios y recursos que gestionan.

Reiteramos nuestra voluntad de colaboración con la Administración y con todas las personas y entidades implicadas en la atención al DCA, agradecemos su apoyo e invitamos a que nuestro lema “UNA VIDA SALVADA MERECE SER VIVIDA” sea hoy el lema de todos y reafirme el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con DCA.

26 de octubre de 2014

FEDACE. FEDERACION ESPAÑOLA DE DAÑO CEREBRAL

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